Procurador rehuye hablar casos sensitivos; investiga

Jean Alan Rodríguez

La procuraduría general de la República ha caído en una especie de “receso” informativo sobre casos de interés público que investiga a través de la Procuraduría especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), y que involucran a exfuncionarios, exjueces y actuales legisladores.

El expediente de los Tucano se quedó “freezado” cuando comenzaron a salir a la luz pública los nombre de los legisladores que supuestamente están involucrados en el soborno de los US$3.5 millones.

Fue sacado de la palestra pública en su momento más álgido, para dar entrada al más reciente y escabroso caso de las clínicas del Grupo Médico Integral, del que tampoco el Ministerio Público (MP) ha dicho nada.

A pesar de la gravedad de los rumores que atribuyen el cierre a que supuestamente allí se extraían órganos humanos para su comercialización, ninguna de las autoridades actuantes ha confirmado o rechazado la especie.

El MP, a quien responden los fiscales, ha guardo silencio absoluto, mientras Salud Pública afirma que su participación es de colaboración con el MP y otras autoridades que, amparadas en una orden de un juez competente, investigan varias clínicas.

Casos sensitivos. El nuevo procurador, Jean Alain Rodríguez, no ha querido hablar tampoco de los expedientes de corrupción y prevaricación que le dejó su antecesor Francisco Domínguez Brito sobre el escritorio, y por los que serían llamados a prestar declaración o ser sometidos, exfuncionarios y exjueces.

Se trata de los casos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), cuyo exdirector Miguel Pimentel Karehabría incurrido en sobrevaluación de una serie de obras construidas a nivel nacional, incluida la remodelación del Hospital Darío Contreras; y los destituidos jueces José Dionicio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, acusados por el exprocurador Domínguez Brito de formar parte de una trama que a lo internos del Poder Judicial negociaba sentencias con personas ligadas al crimen organizado.

Están presos. Por el caso de los Tucano le fue dictada medida de coerción al coronel Carlos Piccini Núñez; al exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; los ingenieros Alejando de los Santos Serrano, Joel Soriano Fabián, y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo.En el caso de los exjueces están bajo arresto domiciliario el

exconsejero Francisco Arias Valera y la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré.