El procurador adjunto para asuntos eléctricos de la Procuraduría General de la República, Moisés Ferrer, dijo que el robo en el sector eléctrico ha provocado un déficit de 1200 millones de dólares al año.

Indicó que debido a este déficit la procuraduría adjunta ha realizado una persecución del fraude eléctrico y hoy la ciudadanía sabe que existen consecuencias para aquellos que se roben la energía eléctrica.

“Aplicamos las sanciones sin ningún tipo de presión ni de limitaciones”, dijo Ferrer.

El funcionario aseguró que la procuraduría adjunta ha logrado disminuir de manera significativa y con pocos recursos el nivel del fraude eléctrico en la República Dominicana.

Por otro lado, indicó que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece en su acápite 3 que el ciudadano tiene derecho a querellarse en contra de los funcionarios públicos, lo que contradice el artículo 22 de la Constitución.