El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, sugirió ayer al ministerio de Interior y Policía la elaboración de un programa de desarme general  de la población que incluya a militares y policías cuando no estén en servicio, como forma de reducir los niveles de violencia y delincuencia.

Dijo que siempre ha estado de acuerdo con un desarme general porque mientras menos armas haya en la población, incluso legales, menos posibilidad hay de muertes por esa vía porque el 65% de los homicidios son cometidos con armas de fuego.

En visita al Palacio Nacional, Jiménez Peña consideró que lo primero que se debe hacer es desarmar a los delincuentes, tener mayor control con los permisos que se otorgan y regular el uso de las armas en manos de policías y militares.

“Creando ese programa, y que  fundamentalmente  Interior y Policía diseñe esa política de desarme, pudiéramos lograrlo porque incluso en otros países de América Latina usted camina y difícilmente se ve a una persona exhibiendo un arma de fuego”.

 Jiménez Peña, aclaró además, que no tiene nada personal con el suspendido juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Francisco Mejía Angomás.

La cifra

2,300 millones de pesos  es el presupuesto asignado al Ministerio Público para el próximo año, RD$200 millones menos que este año, informó el procurador general Radhamés Jiménez Peña.