El procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Chalas, dijo ayer que la  cultura y la falta de recursos y de coordinación entre las autoridades competentes dificultan la aplicación de la Ley Antiruidos, aprobada  hace dos años.

Reveló que aunque  se realizan muchos operativos contra el ruido, en los que se incautan equipos de música y se condena a los ciudadanos a pagar multas que oscilan entre los RD$1,000 y los RD$5,000, tan pronto pagan la sanción vuelven a instalar sus negocios.

Agregó que otra agravante del problema de los ruidos que afectan  a los  ciudadanos en sus hogares es la cultura inapropiada de la población, la cual, dijo, se evidencia en la conversión de los colmados en colmadones o bares donde en vez de productos alimenticios,  se venden  bebidas alcohólicas.

Consideró Chalas que en esta parte quien tiene la responsabilidad de supervisar esos negocios para determinar si cumplen con el permiso que les fue otorgado para la venta de productos comestibles, es la Secretaría de Industria y Comercio.

 Agregó que además   se necesitan más herramientas y más coordinación.