POR DIEGO PESQUEIRA Y LUIS CARDENAS
El  procurador general de la República, Francisco  Domínguez Brito, calificó ayer de indignante  y  vergonzosa  la sentencia dictada  por la  Tercera  Sala  de  la  Corte de Apelación  del Distrito  Nacional, que descargó de toda responsabilidad penal a los imputados en el expediente del Plan Renove.

En declaraciones por separado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo anoche que con la sentencia de descargo emitida ayer por la Corte de Apelación a favor de los implicados en el caso Renove, los jueces le han demostrado al país que no se puede confiar en ellos para la moralización de la vida pública.

A juicio de Domínguez Brito, sentencias  de esa naturaleza  constituyen  un retroceso en el proceso  iniciado   en procura de la independencia del Poder  Judicial.

“Es  lamentable  que sectores políticos  sigan  influenciando  sobre  las decisiones que  deben  tomar los  tribunales,  y  peor  aún,  que  algunos jueces  se  presten  a tomar decisiones basadas en esas influencias”, apuntó.

Los jueces Ignacio  Camacho, Nancy Joaquín y Luis Omar Jiménez, revocaron la sentencia condenatoria de primer grado emitida por la jueza Esther Agelán Casasnovas.

“Sin justicia  independiente  es imposible  la lucha efectiva   contra  la corrupción. Tampoco  será   posible  la consolidación  definitiva de la democracia”, expresó Domínguez Brito al conocer  los  resultados  de  la sentencia.

Empero, confió en el sentido de responsabilidad de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y que la sentencia será revocada en el tribunal de alzada.

El máximo representante del Ministerio Público resaltó el gran esfuerzo y profesionalidad demostrado por los procuradores adjuntos que actuaron en el caso en representación del Ministerio Público.

Entiende que ante la contundencia de las pruebas y las evidencias, resulta inadmisible que el tribunal haya evadido la discusión y argumentara que en ese caso lo que hubo fue falta administrativa, no obstante el Estado haya sido desfalcado con mil ochocientos millones de pesos.

PINA TORIBIO

Pina Toribio manifestó que la sentencia ha sido un duro revés a los esfuerzos de moralizar la función pública y además un acto de complacencia al ex presidente Hipólito Mejía.

“La reacción que puedo tener, como abogado, como funcionario y como responsable de las estrategias, con otros compañeros y amigos miembros de la Comisión Nacional de Etica y combate a la Corrupción, es la de que es un duro revés a los esfuerzos que se hacen por moralizar la función pública”, dijo.

Expresó que es un duro revés que no se le va a poder imputar ni al ministerio público ni a las autoridades del Poder Ejecutivo, sino que estarán exclusivamente en la cuenta de los jueces que prefirieron hacer quedar bien al ex presidente Mejía, cuando anunció que esa decisión se iba a producir. Pina Toribio dijo que el caso no puede ser interpretado como una derrota para el ministerio público. 

 “Yo no creo que es una derrota. Han perdido los jueces, que le han demostrado al país que no se puede confiar en ellos para la moralización de la vida pública”, dijo el funcionario.