Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
La procuradora adjunta adscrita al Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, lamentó ayer que una jueza de Santo Domingo haya alegado falta de pruebas para dejar en libertad al padre y la madrastra de un niño de tres años, cuando se presentó el certificado médico que establecía todas las laceraciones, golpes y heridas de fue objeto el infante.
En tal sentido, Marisol Tobal, adelantó que en las próximas horas el Ministerio Público depositará un recurso de apelación contra la decisión de la magistrada Marcial Raquel Polanco, del Segundo Juzgado de la Instrucción, en favor de los señores Juan Ramón Carrera Acosta y Noemí Escolástico Martínez. Estamos conversando con el procurador de la provincia de Santo Domingo y estamos preparando el recurso de apelación para incoarlo, ya sea al final del día de hoy o del día de mañana, precisó. Tobal admitió estar sorprendida de que se haya emitido una decisión judicial aludiendo faltas de pruebas, cuando ya tenemos un certificado médico legal que establecía todas las laceraciones, los golpes, las heridas y los abusos del cual fue objeto este niño.
Manifestó que el niño presenta mordidas que tienen cierto tiempo en la espalda, abdomen, la clavícula rota, le falta un diente y tiene los labios rotos y tenía una mordida en unas de las orejas.
Dijo, que además, se tiene el informe de un trabajador social que hizo un descenso en el lugar donde viven estas personas y conversando con las personas del lugar les dieron fe ciertamente de que este niño recibía abuso permanente de esta dos personas, de la señora y que el padre era cómplice de este.
Es por estos elementos que estamos sorprendido grandemente al ver que la jueza haya traído a colación que había falta de pruebas para mantener en prisión a esta personas y le haya dado un auto de no ha lugar, cuando la ley 2497 establece en el artículo 351, que los padres son guardadores, tutores de un niños, niñas y adolescentes y tienen la obligación de preservar la integridad física y moral de los niños, indicó.
Precisó que en caso de que la jueza entendiera que los golpes no fueron causados por los padres, no es una causa de fuerza mayor para dejarlos en libertad, puesto que ellos son los guardadores y los supervisores del niño y tenían que mantenerlo protegido.
