Odalis Mejía 
La Procuraduría General de la República inició una investigación contra cinco jueces de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional y un exmiembro del Consejo del Poder Judicial, que renunció la semana pasada, a quienes acusa de manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado en narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
De acuerdo con el procurador, Francisco Domínguez Brito, es una estructura dirigida por el exmiembro del Consejo, Francisco Alberto Arias Valera.
Los otros investigados son Awilda Inés Reyes Beltré, Delio Antonio Germán Figueroa, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
Domínguez Brito explicó en un documento que tras un año de pesquisas, han podido determinar que coexiste una estructura delictiva en el Poder Judicial conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares.
Dice que la investigación fue iniciada a partir del rumor público, “diseminado en los palacios judiciales”, por testimonios de los acusadores y múltiples denuncias, “todas referentes a actuaciones que conducen a la prevaricación en la que estarían involucrados jueces, al margen de sus compromisos éticos y legales”.
Arias Valera. Con relación a este exjuez, el procurador lo acusa de ser la persona que contactó e influyó a cambio de altas sumas de dinero en Reyes Beltré para que emitiera decisiones, siendo la última el hábeas corpus que ordenó la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand, provincia de Santo Domingo, Erison de los Santos.
A Valera también se le acusa de buscar la liberación de condenados por diligencias ante el Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal; ser intermediario para evitar un juicio disciplinario contra Germán Figueroa, en vista de una denuncia en su contra de parte de Alberto Elías Atalah, víctima de un robo por el cual Germán había liberado a los acusados.
Reyes Beltré. A esta magistrada, el Ministerio Público la investiga por el caso del regidor Erison de los Santos Solís y la devolución de una aeronave bajo secuestro judicial y cuya propiedad se atribuye al fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, no obstante que cuatro pilotos, acusados de intentar sacar al avión, fueron enviados a prisión.
La nave fue devuelta al empresario José Bacile Bacile, quien reconoció que instruyó a los pilotos a sacarla del país.
Reyes Beltré es investigado por la sentencia mediante la que ordenó devolver 20 millones de dólares a la empresa Prado Universal, constructora de la Torre Atiemar, propiedad de Arturo del Tiempo, condenado por narcotráfico en España.
La jueza condenó al Banco de Reservas (administrador de la torre) y al Ministerio de Hacienda al pago de una astreinte de un millón de pesos por cada día de incumplimiento de la disposición.
Duvergé Mejía. Sobre este magistrado el procurador indaga su accionar en cuanto a la variación de prisión preventiva por garantía económica a nueve acusados de narcotráfico y lavado de activos en distintos hechos, quienes en su mayoría se han sustraído del proceso y han vuelto a delinquir.
El Ministerio Público acusa a Francisco Javier Batista (El Flow), sobrino político de Duvergé Mejía, como la persona que fungió de intermediaria para negociar la libertad de uno de los acusados.
Germán Figueroa. Es investigado por un “auto de no ha lugar” al venezolano José Antonio Rojas González y la variación de prisión a tres imputados de la misma nacionalidad, acusados de tres asaltos a diferentes personas por un monto de 9.3 millones de pesos. Los imputados están prófugos.
Además por favorecer con un “no ha lugar” a Miguel Ángel Valdez y variación de prisión a cinco acusados de narcotráfico, algunos con antecedentes penales.
Otra decisión de Germán que es investigada es la devolución de bienes secuestrados a los colombianos Alfredo de Jesús Camargo y Juan Carlos Villamar, involucrados en la lavado de activos, mediante una sentencia “in voce” y sin motivar.
ZOOM
CJP suspende
El Consejo del Poder Judicial suspendió sin disfrute de salario y remitió a juicio disciplinario a los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa.
La decisión es tomada después de la denuncia presentada por el Ministerio Público, en la que informa sobre el inicio de una investigación por alegadas faltas graves en sus labores y que incluye al renunciante Alberto Arias Valera, acusado de ser cabecilla del grupo.
En la misma sesión, a solicitud del presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, fue remitido a Inspectoría, para investigación, las circunstancias que originaron la decisión del caso penal seguido a Huber Osualdo Buitrago Ruiz, Ángel María Buitrago Vacca y Dersidila Ambalina Patrone Ortiz, rendida por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal.
