El tope de alrededor de RD$7,000 millones para la Procuraduría General de la República, como lo contempla el Proyecto de Presupuesto 2021, resulta insuficiente para garantizar la persecución efectiva del crimen y la consolidación de la reforma penitenciaria desde el enfoque establecido en los planes institucionales.

De manera precisa, los RD$7,005.6 millones representan una reducción de RD$4,709.4 millones con respecto a la partida asignada para el corriente 2020, disminución que equivale al 40.19%.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de la Procuraduría General, que encabeza Calíope Malena Coronado, informó que la institución había sometido a la Dirección General de Presupuesto (Digepres) la suma de RD$11,715 millones para el año venidero, una cantidad igual a la de 2020.

Con dicho monto, “se esperaba poder cumplir con los gastos operativos fijos de la institución, garantizar la persecución efectiva de la criminalidad en República Dominicana y asegurar la formación del personal del Ministerio Público”, indicó la directora de Desarrollo, a través de un comunicado difundido por la Dirección de Comunicaciones. “También esperábamos contar con recursos para ampliar la capacitación de los agentes de vigilancia penitenciarios (VTP) ahora que trabajamos en la apertura de nuevos centros”, añadió.

En adición, a partir de este anteproyecto de presupuesto, se esperaba dar cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en cuanto a la dignificación de la función de los miembros del Ministerio Público, tal como ha sido desarrollado en otros órganos del Estado.

En la actualidad, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público cuentan con 9,700 servidores, según los datos incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2021 elaborado por la Digepres, una dependencia encabezada por José Rijo Presbot.

De acuerdo con la Ley No. 194-04, que confiere autonomía presupuestaria al Ministerio Público, la administración de justicia recibirá un presupuesto correspondiente al 4.10 % de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, de los cuales corresponden 65% a la Suprema Corte de Justicia y 35% a la Procuraduría General de la República.

“La Procuraduría General de la República reconoce las limitaciones que impone la pandemia de la COVID-19 y confía en que la Digepres, el Gobierno central y el Congreso de la República Dominicana ponderarán debidamente las necesidades del Ministerio Público al momento de aprobar el Presupuesto 2021”, dijo Coronado.