La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, remitir su expediente a la Fiscalía ya que con su renuncia al Senado el tribunal «perdió la competencia» del caso.

«La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal», aseguró en un comunicado el ente de control.

La entidad subrayó que con la «separación definitiva del entonces congresista de su curul desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista».

Uribe, en detención domiciliaria desde el 12 de agosto, renunció la semana pasada a su escaño en el Congreso y solicitó a través de su defensa que el alto tribunal entregue su expediente a la Fiscalía General.

Para la Procuraduría, con esa renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, «toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista».

El organismo de control estableció que la Sala no relacionó actuaciones de Uribe dirigidas «a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo».

A pesar del concepto del Ministerio Público, es la misma Corte Suprema la que deberá decidir si entrega o no el proceso a la Fiscalía.

DEBATE POR COMPETENCIA

Este caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al hoy senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Cepeda cambió radicalmente cuando el magistrado de la CSJ José Luis Barceló no sólo lo archivó sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.

Cepeda, parte civil del proceso en calidad de víctima, dijo la semana pasada a Efe que no le cabe la menor duda de que la renuncia de Uribe es una estrategia para evadir a la Justicia.

El senador está convencido de que la competencia sobre el caso «la sigue teniendo la Corte Suprema» y uno de sus argumentos es que Uribe «incurrió en varios presuntos delitos» utilizando a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Sin embargo, la Procuraduría dijo hoy que la Corte no demostró que Uribe hubiera utilizado servidores de su UTL o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.

«No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió- hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder», afirmó el organismo.

En análisis del Ministerio Público, «la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción luego de la renuncia al cargo».