Como un gran avance, califica la Procuraduría General la promulgación de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada por el presidente Danilo Medina el pasado jueves.
Asegura que la nueva normativa hará más efectiva la persecución de esta actividad, al permitir al Estado agregar novedades de técnicas de investigación, prevención y detección de las operaciones.
La Ley 155-17 sustituye la 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
A través de una nota de prensa, la Procuraduría resalta que la ley establece el uso eficiente de la colaboración interinstitucional, el análisis previo financiero y la colaboración directa del sector privado como sujeto obligado. También toma en cuenta el financiamiento del terrorismo.
La ley contempla una pena máxima de 20 años de prisión y elevó de 5 a 10 años la mínima; establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica.
Para los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los blanqueadores por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasó de 6 meses a 2 años.