La Procuraduría General de la República informó hoy que en las investigación realizadas por el Ministerio Público sobre los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano, no arrojó ninguna evidencia fehaciente que comprometiera la responsabilidad penal de legisladores ni de otras personas o empresa adicionales a las sometidas.

La reacción de la institución se dio a conocer en un comunicado de prensa, a propósito de los cuestionamientos hechos por diferentes sectores por la exclusión del expediente de los legisladores presuntamente involucrados, pese a que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa había admitido que en la primera fase de investigación se determinó que varios de ellos estaban vinculados a los sobornos.

La institución insistió en que durante la ampliación de la investigación sobre los sobornos en la compra de las aeronaves, se profundizó en todas las menciones y referencias de legisladores, políticos, ex funcionarios, así como también, de otras personas, empresarios y compañías, pero no se encontró pruebas que vincularan a otros.

Indica, además, que si durante el juicio preliminar o al concluir diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero, «alguien más resulta señalado y comprometido en estos ilícitos», el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada.

Resaltó que los acusados formalmente la semana pasada están encabezados por el ex ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez, único de los imputados a quien se le impuso prisión preventiva.

Igualmente, señala que la acusación incluye a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, junto a Ysrael Abreu Rosario y a Félix Del Orbe Berroa, así como a las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.

La Procuraduría destacó que la investigación en el país de este caso inició a comienzos del 2016 y que hasta la extensión del plazo para la misma, autorizada por un juez a mediados de 2017, solamente había 4 imputados.

De igual modo, dijo que la ampliación y profundización de la indagatoria permitió adicionar como nuevos inculpados a otras 2 personas y 3 compañías, además de fortalecer el expediente, dotándolo de nuevas evidencias.

Se recuerda que la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió ante la justicia de Brasil y Estados Unidos haber pagado unos 3.5 millones de dólares a funcionarios públicos dominicanos para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.

Recientemente la Oficina de Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional apoderó mediante sorteo al Cuarto Juzgado de Instrucción para conocer la solicitud de apertura a juicio de este caso, realizada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).