El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, al pasar balance de las ejecutorias del 2011,  afirmó que los logros fueron significativos en materia de persecución penal y de fortalecimiento de la Carrera del Ministerio Público, que completó una matricula de 742 fiscales que ofrecen servicios en los diferentes distritos judiciales del país.

Citó, igualmente, el desarrollo alcanzado por el Modelo de Gestión Penitenciaria, con la inauguración del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, el cual definió como el más grande y moderno de América Latina y el Caribe.  Su construcción con RD$1,200 millones y con capacidad para más de 1,000 internos, estuvo a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). 

Sostuvo que en término de lo que conlleva la persecución en materia criminal como una de las responsabilidades fundamentales del Ministerio Público, los logros fueron visiblemente ostensibles por la sociedad dominicana, principalmente en lo que tiene que ver con la lucha contra el  crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato y el lavado de activos.   

El máximo representante del Ministerio Público también resaltó el trabajo desarrollado a favor de las víctimas de los diferentes delitos penales.  De manera especial, se refirió a las acciones contra la violencia de género e intrafamiliar y a la creación de nuevas unidades para ofrecer asistencia a las mujeres afectadas por esos casos.   

Igualmente, indicó, que desarrollaron una serie de actividades conexas, tendentes a hacer frente a ese flagelo.  En ese orden, expresó que tomaron medidas correctivas de persecución contra esa actividad ilícita.

 “El Ministerio Público tiene una línea de acción, que es “Tolerancia Cero”, y lo ha demostrado en su accionar, han caído personas de relevancia y de gran prestancia social, que han infringido la ley y que han atacado a la mujer y han sido sometidas por el Ministerio Público, incluso, algunos de ellos, ya se encuentran purgando penas”, manifestó Jiménez Peña. 

“La política de persecución del Ministerio Público se ha centrado en una persecución penal estratégica, focalizada e inteligente, tendente a devolverle a la sociedad dominicana, la tranquilidad y la seguridad de que tiene una institución que real y efectivamente está respondiendo a los requerimientos y a las responsabilidades que la Constitución y las leyes han puesto a su cargo”, expresó.      

En ese sentido, el procurador Jiménez destacó que todos los fiscales del país recibieron entrenamientos especiales en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), “debidamente acreditada, no sólo en República Dominicana, sino a nivel de Iberoamérica”. 

CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO

El pasado año, luego de un proceso de votación, quedó conformado el Consejo Superior del Ministerio Público, que preside el procurador Radhamés Jiménez Peña, y que integran el procurador general adjunto, Moisés Ferrer Landrón; el procurador general de la Corte de Apelación de La Vega, Víctor González; el procurador fiscal de La Altagracia, Lucas Evangelista Pérez y el fiscalizador de La Romana,  Kelvin Santana.

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), bajo la dirección del licenciado Ramón Núñez, además de la consolidación de la Carrera,  continuó este año su proceso de avance con la integración de 69 fiscalizadores debidamente formados a los trabajos de diversos distritos judiciales del país.

Los fiscalizadores, egresados de la segunda promoción del Programa Inicial de Formación (PIF), recibieron capacitaciones especiales en la ENMP por un equipo de profesionales especializados.  Su selección se produjo en un concurso público de oposición que contó con la participación de 1,200 aspirantes.

Presidenta RECAMPI

En el plano internacional, la ENMP, asumió la presidencia de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI) para el período 2011-2012, luego que fuera elegida por ese organismo en su VIII asamblea general, celebrada en el país.   Anterior a esa elección ostentó desde el 2008 la Secretaría ProTémpore.

Elección Consejo Académico

De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) este año quedó integrado el Consejo Académico de la ENMP, integrado por el magistrado Jesús María Fernández Vélez, procurador general de la Corte de Apelación de San Cristóbal; Pedro Mateo Ibert, procurador fiscal de San Juan de la Maguana, y Antonio Medina Calcaño, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). También, forman parte del organismo, representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

MODELO DE FISCALÍAS

La Procuraduría concluyó la instalación del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías, que coordina la licenciada Thalía Goldberg. Ese moderno sistema ha optimizado el servicio que ofrecen las diferentes fiscalías del país.

En el 2011 fiscalías de 18 jurisdicciones del país que funcionan con el modelo fueron reconocidas por mantener altos estándares de calidad en el servicio que ofrecen a la ciudadanía.

Esos organismos del Ministerio Público están ubicados en los distritos judiciales de Azua, Bahoruco, Constanza, Dajabón, San Francisco de Macorís, El Seíbo, Elías Piña, Espaillat, La Romana, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Puerto Plata, Samaná, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Sánchez Ramírez, Valverde y Villa Altagracia.

REUNIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

A final de cada mes, como lo establece la Ley Orgánica del organismo (133-11)  se desarrollaron las reuniones del Ministerio Público, encabezadas por el procurador Jiménez Peña, con la participación de todos los fiscales del país.  En esos encuentros se fue pasando balance al trabajo de las diferentes dependencias de la institución y de la labor conjunta con otros organismos del Estado.

EL MODELO PENITENCIARIO

Este año, la reforma penitenciaria, que coordina el licenciado Roberto Santana, continuó con la expansión del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.  Además de la inauguración del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, se avanzó en los trabajos de construcción de La Romana y La Vega, los cuales están programados a inaugurarse en los primeros meses del año 2012. También el de la provincia Hermanas Mirabal está en avanzado proceso de incorporación al nuevo sistema.

La construcción de las obras, al igual que los concursos que realiza la institución para el reclutamiento de personal, compras y contratación de servicios, fueron adjudicadas mediante sorteos públicos, organizados por la Procuraduría General de la República acorde a los lineamientos de transparencia de la institución.  

Los internos de los 14 centros modelos obtuvieron el pasado año una amplia producción de productos agrícolas e industrial y de la crianza de animales como resultado de los trabajos que realizan a través de las terapias ocupacionales a las que son integrados dentro de las actividades de rehabilitación que se les ofrece en esos recintos.  

También, fueron realizados tres festivales penitenciarios con la participación de internos de los diferentes centros de corrección y rehabilitación del país.

ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)

En el 2011, este organismo que también es dirigido por Santana, inició la formación de 142 aspirantes a agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario  (VTP), quienes se entrenan para prestar servicios de seguridad en los centros de corrección y rehabilitación que se construyen en La Romana y La Vega.

A finales del pasado año, esa entidad académica, desarrolló un foro internacional de expertos penitenciarios con representación de ministros, funcionarios y destacados intelectuales de 14 países, quienes visitaron la nación dominicana para conocer sus experiencias en la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Además, entrenó a ocho directores del sistema de reclusión de Panamá en una pasantía en gestión penitenciaria, realizó 18 cursos de actualización para VTPs, así como diplomados y otras actividades enfocadas a reforzar los entrenamientos del personal de seguridad de los centros de corrección y rehabilitación para que ofrezcan un trabajo con mayor eficiencia. 

Carreras universitarias en centros modelos

El procurador Radhamés Jiménez dejó oficialmente abierto el programa de carreras universitarias de derecho y psicología que cursan unas 62 internas penitenciarias de los recintos femeninos de Najayo-San Cristóbal y Baní-Peravia.

Las carreras son impartidas por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) de manera presencial, semipresencial y virtual en aulas especiales preparadas en los referidos recintos para esos fines.  El programa universitario surge como resultado de la firma de un acuerdo con ese centro docente, que cuenta con los auspicios de la Fundación Mujeres por la Educación (FUNMUJER), que dirige Peggy Cabral.

Como parte de la oferta académica que se imparte en los nuevos recintos, también cursan el primer cuatrimestre de carreras universitarias unos 16 internos de Haras Nacionales y Rafey-Hombres, de Santiago.  Además de las citadas áreas también son formados en lenguas modernas.

En el programa académico puesto en marcha en los nuevos centros de corrección y rehabilitación también participan, las universidades Tecnológica de Santiago (UTESA), del Caribe (UNICARIBE) y Abierta para Adultos (UAPA).  Igualmente, participa en la formación de los internos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

La Procuraduría desarrolló  una serie de actividades, coordinadas por la procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, para atender a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, que incluyeron la inauguración de nuevas unidades de atención a las víctimas con las cuales completaron 14 centros, donde se ofrece asistencia a las afectadas por esas situaciones.

Dentro de las actividades desarrolladas para el combate de la violencia de género, con motivo del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” fue realizada por tercera ocasión a nivel nacional la caminata que promueve la erradicación de la violencia contra las mujeres.  Asimismo, fueron firmados acuerdos importantes con institucionales nacionales y extranjeras de apoyo a la población femenina víctima de la violencia.

SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL

Por la solución de cientos de casos en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC), que dirige la procuradora adjunta María Hernández García, fue extendido el pasado año a varias localidades del interior del país.

Las comunidades que ahora también disponen del servicio que se ofrece de manera gratuita a personas de escasos recursos económicos, son: La Vega, Duarte, Hato Mayor, Montecristi, San Juan, San Cristóbal, Azua y El Seibo, donde unos 15 abogados ofrecen sus servicios en dependencias de la Procuraduría General y juzgados de paz ubicados en esas localidades.

 CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Procuraduría General de la República también habilitó el año pasado tres Centros de Atención al Ciudadano que se unen a otros cuatro que tiene funcionando a nivel nacional para ofrecer servicios de legalizaciones de firmas de actos notariales, certificación de antecedentes penales y otras asistencias.  Esos centros dependen de la Secretaría General, a cargo de la licenciada Gladys Sánchez.

Los nuevos  centros ofrecen servicios en el primer nivel de la Dirección General de Migración del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, de 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., y en la plaza comercial Megacentro, de  la San Vicente de Paúl con Carretera Mella, en Santo Domingo Este, de 9:30 a.m.  a 5:00 p.m.; además, en el centro comercial Isabel Aguiar  ubicado en la avenida del mismo nombre, próximo a la entrada de Las Palmas, en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Con esos centros se persigue acercar  más esos servicios a los ciudadanos,  de manera que no tengan la necesidad de trasladarse a otros de mayor distancia, y al mismo tiempo descongestionar esos lugares para que puedan ofrecer atención ágil y eficiente.

 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescente, bajo la dirección de la procuradora adjunta Marisol Tobal, emprendió una serie de iniciativas a favor de los jóvenes.

Dentro de esas acciones, entre otras, se destacan la inauguración de un Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en el Batey Bienvenido, del sector Manoguayabo.  También, fueron inauguradas fiscalías especializadas en asuntos de niños, niñas y adolescentes en diferentes puntos del país.

Como resultado de los programas de capacitación que se ofrecen a los niños y adolescentes internos en los centros de atención integral fueron realizadas varias graduaciones.  

El pasado año firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para la instalación de centros de solución de conflictos en los recintos escolares del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

PROCURADURÍA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO (PGASE)

De enero a noviembre de 2011 esa oficina, a cargo del procurador general adjunto, Moisés Ferrer, recibió un total de 4,587 denuncias de fraude en contra de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, parte de esos casos se ventilan en la justicia con la aplicación de ciertas medidas de coerción para los clientes involucrados, mientras otros se encuentran en fase de investigación.

También, el pasado mes de octubre fue inaugurada en San Pedro de Macorís otra oficina  para atender las denuncias de fraude en toda la región Este del país.

Del total de casos recibidos se solicitaron 335 medidas de coerción,  incluyendo  la presentación periódica a la PGASE.  Además, fueron conciliados 539 con acuerdos donde las personas involucradas decidieron pagar el monto de energía sustraída sin la necesidad de llevarlas a los tribunales,

Asimismo, fueron levantadas un total de 2,065 actas de fraude, donde se detectaron algún tipo de delito en violación a la Ley 125-01 sobre electricidad.

Además, se incluye 3,395 casos intervenidos que se trabajan por posibles fraudes y otros 1,687 que están pendientes de investigación  para determinar si existe ilícito que pueda ser enviado a la justicia.

UNIDAD ANTILAVADO

El pasado año, la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos y su director Germán Daniel Miranda Villalona, incautaron más de RD$500 millones de pesos en muebles, inmuebles y productos bancarios.

Los trabajos fueron desarrollados de manera conjunta con las cooperaciones jurídicas internacionales con Francia y los Estados Unidos. Colaboraron, además, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Superintendencia de Bancos.

El organismo en su lucha contra el lavado viene desarrollando una intensa actividad con más de cuarenta investigaciones en curso.

PROCURADURÍA DE MEDIO AMBIENTE

Esa dependencia logró 156 sentencias condenatorias de un total de 453 casos que sometió a los tribunales, alcanzando un ingreso por concepto de multa y reparación de  daños ambientales al Estado dominicano de RD$8, 011,136.21.

El licenciado Andrés Chalas Velázquez encabeza esa Procuraduría que recibió 2,657  denuncias por delitos ambientales en los diferentes departamentos judiciales del país,  que se consideran violatorios a la Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales.

Dentro de esos casos figuran la contaminación sónica, tala y quema de árboles, contaminación atmosférica, extracción y transporte ilegal de materiales de la corteza terrestre (arena, graba, gravilla y piedras), afectación de especies de flora y fauna, así como obstrucción de ríos y cañadas.

 Además, incursión ilegal en áreas protegidas,  disposición ilegal de desechos sólidos, caza y pesca ilegal, contaminación de aguas y transporte ilegal de madera.

RELACIONES INTERNACIONALES

En ese aspecto, cuya área está a cargo de la asistente del procurador, Danissa Cruz, se destaca la visita al país del procurador general de  los Estados Unidos de Norteamérica, Eric Holder, quien firmó un convenio con su homólogo de República Dominicana para la repartición de bienes provenientes del narcotráfico, específicamente del caso de los hermanos Benítez. 

Además, la firma de convenio entre la Procuraduría General de la República Dominicana y el Ministerio Público Federal de Brasil para reforzar y ampliar la colaboración jurídica a través del intercambio de informaciones, datos técnicos de investigación y asistencia, especialmente en lo referente al crimen organizado transnacional. Ese acuerdo fue rubricado por los procuradores de República Dominicana y el de Chile,  Radhamés Jiménez Peña y Roberto Monteiro Gurgel Santos, respectivamente.

También, fue firmado otro convenio en materia penitenciaria entre el procurador general dominicano, Jiménez Peña, y el ministro de Justicia de Chile, Teodoro Ribera Neumann, quien en una visita al país informó que aplicarán el modelo de gestión penitenciaria dominicana en su nación por los avances innovadores.

Se creó la Unidad de Derechos Humanos de la  Procuraduría para defender en aspectos de justicia  al Estado dominicano ante órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También, entre otros, fue firmado un acuerdo con la Junta de Andalucía, en Madrid, España,  para la puesta en marcha del proyecto de firma digital en las unidades de atención a víctimas.

El magistrado Radhamés Jiménez destacó el trabajo ejecutado y prometió continuar fortaleciendo el plan de trabajo de la institución el próximo año 2012.   “De manera que, las diferentes áreas de la Procuraduría y el Ministerio Público de la República Dominicana han experimentado un gran desarrollo en estos años, y fundamentalmente, el pasado año 2011”, proclamó.

Aseveró que ese proceso de desarrollo ha sido posible por la implementación de los programas que forman parte del plan estratégico de la institución, que comprende el período 2010 al 2015.