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POR DIEGO PESQUEIRA
Durante el último año la Procuraduría General de la República ha intensificado la persecución del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, disponiendo el cierre de centros de prostitución y logrando que se ordene prisión para sus propietarios.
Estas acciones procuran mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la explotación sexual comercial.
Las operaciones son ejecutadas por el procurador adjunto Frank Soto, quien dirige el Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
«El trabajo que realizamos es vital para la imagen internacional del país, pero lo principal es que protegemos a los seres más vulnerables que son los menores de edad», apuntó Soto.
Agregó que para ejecutar un trabajo efectivo existe una unidad especializada que se traslada a las zonas del país más vulnerables.
Dijo que otra unidad da seguimiento continuo a la pornografía de menores expuestas en la Internet, todo esto, en interés de castigar las violaciones a la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y a la Ley 136-03 de Protección a los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Departamento contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas fue creado por el procurador Domínguez Brito en la presente gestión.
«Nuestras acciones muestran resultados contundentes, pues hemos logrado sentencias contra explotadores sexuales de menores de edad y el cierre de decenas de locales destinados a la prostitución de éstos», precisó.
También, se han logrado condenas contra los propietarios de esos negocios, como es el caso del Bar Casa Blanca, en Santiago, que su dueño, José Antonio Fernández Ramírez, fue condenado a cinco años de reclusión.
La primera sentencia de importancia contra un traficante de inmigrantes hacia Puerto Rico en yola fue lograda a mediado de julio de 2005, gracias a las pruebas sustentadas por este Departamento.
En este caso se logró, en Higüey, una condena de 10 años de prisión contra el traficante. El condenado había admitido la organización de cientos de viajes con indocumentados hacia Puerto Rico. En ese expediente había otras dos personas que fallecieron en el incendio de la cárcel de Higüey.
El Departamento también logró condena de 15 años de reclusión contra los señores Eulalio Castro Martínez, Jesús Peguero Mercedes y Leonardo Guzmán Sierra, quienes se dedicaban en Boca Chica a ofertar niños a turistas.
A un mes de esa sentencia, la Unidad de Investigación apresó al ciudadano haitiano Wilson Charles, incluido en el expediente. Actualmente están todos presos en Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Tras denuncias recibidas, apresaron a un marino que se dedicaba a tomar fotos de niñas para colocarlas en la Internet. Le allanaron domicilio y le ocuparon computadoras y las fotos. Se logró tres meses de prisión preventiva en su contra y está pendiente el juicio de fondo.
Dentro de sus planes de incidir en las comunidades, el Departamento inició la divulgación de una campaña publicitaria denominada «La ley pega fuerte», con la presentación de afiches, brochures y ejemplares de la ley 137-03.
ÁREAS DE ACCIÓN
Ha focalizado el trabajo en áreas turísticas como Boca Chica, Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, Las Terrenas y en Higüey. En estas localidades han sido apresados y sometidos a la justicia extranjeros que explotan sexualmente a menores de edad.
Sobre la trata de personas el Departamento tiene varios casos en investigación. En este aspecto, la República Dominicana no es, por lo general, destino de trata de personas, sino de salida.
A través del recurso de vigilancia virtual se ha podido localizar y cerrar más de ocho páginas de la Internet que promueven dominicanas con objetivos sexuales. Esta labor ha permitido ubicar sus centros de operación.
La meta para el año próximo es que las fiscalías del Distrito Nacional, de la Provincia Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata tengan unidades especializadas para investigar asuntos específicos de trata y explotación sexual de menores.
Todas estas acciones son tendentes a perseguir a los perpetradores y someter a la justicia a quienes infrinjan las leyes que atentan contra la dignidad de las personas, la lucha contra la pornografía infantil y el tráfico de personas.
