La Procuraduría General de la República denunció hoy una presunta estrategia dilatoria y de desinformación por parte del ex fiscal de Samanán, Robert Justo Bobadilla, acusado de acoso sexual en perjuicio de nueve empleadas y usuarias de la fiscalía.

La institución insistió en que denostará los delitos de acoso sexual que se les imputan al ex fiscal, quien guarda prisión preventiva, pese a la presunta trama para desacreditar el proceso judicial que llevan en su contra.

Señaló que las tácticas dilatorias llevada a cabo por Justo Bobadilla iniciaron desde que fue sometido a un juicio disciplinario por parte del Consejo Disciplinario del Ministerio Público.

Agregó que durante ese proceso cutilizó múltiples «artimañas» para que el mismo se prolongara por once meses, con el objetivo de impedir que el Ministerio Público le pueda probar los hechos que se les imputan y luego alegar la extinción del plazo.

Prófugo. La Procuraduría explicó que desde el pasado año Justo Bobadilla se mantuvo prófugo de la justicia y fue arrestado el pasado martes 15 de mayo, luego que se ejecutara una orden de arresto.

El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción y por las evidencias presentadas la juez de la Instrucción de Samaná, Dilcia Peña Green, le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

«Ahora Justo Bobadilla continúa utilizando esas mismas estrategias para dilatar el proceso que se lleva en su contra en el Departamento Judicial de Samaná, realizando una creativa falsa trama con actores e impostores que simularon ser empleados del Ministerio Público», señala la nota enviada por la Procuraduría.

Precisa que el objetivo es hacer «un montaje de una llamada que fue realizada al celular de la esposa del exfiscal, donde una persona haciéndose pasar por el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, le solicita dinero a cambio de desistir de la acción judicial que se lleva a cabo en contra de Justo Bobadilla».

Esposa e hija no cooperan. La institución señaló que durante el proceso de investigación, ni la esposa del ex fiscal ni su hija han querido contribuir con las indagatorias para establecer la verdad, «en una actitud rebelde».

En ese orden, indicó que la denuncia de amenazas por parte de miembros del Ministerio Público para que entreguen el celular, hecha por la hija del ex miembro del Ministerio Público en un noticiero de televisión de alcance nacional, «carecen de fundamento y forman parte de las referidas tácticas dilatorias para entorpecer las investigaciones y prolongar el proceso penal que se le sigue en la jurisdicción de Samaná».

El Ministerio Público reiteró que los citados audios no corresponden al magistrado Bolívar Sánchez, «sino a un impostor y que la creación de esa trama procura exculpar al hoy imputado, tratando de descalificar a la Inspectoría del Ministerio Público».

Realizó un llamado a la esposa del ex fiscal para que entregue de manera voluntaria el aparato celular y lo ponga a disposición del Ministerio Público.

El comunicado destaca que la institución mantiene la acusación contra el exfiscal y resaltó que el Ministerio Público trabaja para establecer la verdad, reiterando que existen graves indicios que lo vinculan al acoso sexual denunciado.