Procuraduría quita a Fiscalía DN expedientes de corrupción

La Procuraduría General asumió ayer la investigación de expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional y según una nota, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito.

Incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), el del Consejo Estatal de Azúcar.

Un documento expresa que abarcan una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, otra contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.

También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo y el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.

El texto dice que al solicitar el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos fueron remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.

Afirmó que las denuncias fueron enviadas de forma discrecional y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara y que ameritan investigación con los mismos parámetros elaborados por el Ministerio Público para un procedimiento estandarizado.

Indica que está sustentado en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011), que le otorga al procurador general la atribución de asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública cuando lo juzgue conveniente al interés público.

“Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado”, dice el auto.

Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan.

Expone que hacer la investigación en más de una dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley.

La nota expresa que Germán Brito había pedido a la fiscal Rosalba Ramos Castillo, mediante oficio del día 25, una lista de los casos de corrupción que manejaba y otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
Planteó que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” para “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes perseguir la corrupción con resultados eficientes.

El documento cita que la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción define ese flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”.

Además que la corrupción “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Deploró que en República Dominicana los casos hayan sido investigado y procesado con acciones aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentarlos a la altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado.