Ante el emplazamiento que hiciera Participación Ciudadana a la Procuraduría General de la República (PGR) de que ofrezca información clara y precisa que permita conocer el nivel de cumplimiento del acuerdo con la empresa Odebrecht, a más de tres meses de haber sido homologado por un juez, la institución respondió lo siguiente:

La colaboración de Odebrecht ha permitido avances en la investigación que desarrolla por los 92 millones de dólares en sobornos que esa empresa pagó para obtener contratos de obras estatales en el país.

Además de conformidad con el acuerdo homologado por un tribunal, la multinacional entregó antes del plazo previsto valiosos datos al Ministerio Público dominicano, que fueron recibidos luego de haber sido certificados por el Ministerio Público Federal de Brasil.

En este sentido una nota de prensa del organismo indicó que entre los archivos suministrados por Odebrecht, figuran correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios, los testimonios de cuatro de sus ejecutivos brasileños identificando funcionarios públicos dominicanos a quienes se habrían pagados sobornos, así como también, transferencias de dinero a través de bancos en el exterior para su supuesto representante comercial en el país.

La institución destacó que estas evidencias obtenidas mediante el pacto suscrito con la empresa carioca, sirvieron para que el juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, emitiera órdenes judiciales, que el pasado 29 de mayo, permitieron arrestar a 10 de los 14 ciudadanos, que hasta ahora están implicados en este caso.

Señaló que luego, tales indicios aportados por Odebrecht se utilizaron para lograr que ese mismo juez, mediante resolución de fecha 7 de junio del presente año impusiera medidas de coerción en contra de todos los involucrados presentados ante el tribunal. Dichas medidas fueron, prisión preventiva para 8, prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra 2, y garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país para 2 senadores y un diputado.

Recordó la PGR, que incluso, pese a que 10 de esos encartados posteriormente apelaron, debido a la contundencia de estos señalamientos de la constructora brasileña, el pasado 8 de julio, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidió por mayoría de votos, mantener medidas de coerción a los recurrentes.

Explicó que las mismas consisten en garantías económicas de diversos montos, impedimento de salida del país y presentación periódica para 6 de ellos, mientras que a otros 2, les rechazó sus pretensiones, confirmándoles su permanencia en prisión preventiva.

Indicó también, que sobre la base de tales datos facilitados, el tribunal de alzada, rechazó todas las objeciones presentadas por abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público, incluyendo la solicitud para que fueran declarados ilegales los arrestos que se habían efectuado.

Dijo además, que fruto de esos aportes pudo notificar a la Policía Internacional (INTERPOL), sobre la presencia en el extranjero de un 14avo implicado, para quien el próximo 4 de agosto, está pautada una audiencia de solicitud de medidas de coerción.

Asimismo precisó, que a través de su filial dominicana, la constructora brasileña sigue facilitando informaciones, a partir de las cuales, el Ministerio Público efectúa varias diligencias investigativas, que por el momento se encuentran bajo la confidencialidad establecida en el Código Procesal Penal.

La PGR reveló además, que utilizando tales datos, se profundizan las pesquisas locales, a fin de abarcar diversas actuaciones ilícitas en que habría incurrido Odebrecht, así como también, desmantelar el entramado irregular que presuntamente estructuró y operó en el país.

Señaló también, que como parte de la ampliación de estas indagatorias, el Ministerio Público dominicano recaba y comparte informaciones con autoridades de Europa, Norteamérica y América Latina.

Recordó igualmente, que motivado por esos señalamientos de la empresa y los hallazgos locales, para seguir desarrollando estas investigaciones, el juez de Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, otorgó a la PGR un plazo de 8 meses que concluye a principios del 2018.

La Procuraduría reiteró categóricamente que cualquier otra persona que se compruebe tenga implicaciones penales en actuaciones ilícitas de Odebrecht, también será puesta a disposición de la justicia, tal como se ha hecho.