POR DIEGO PESQUEIRA
A la falta de capacitación de jueces, fiscales y policías para la aplicación del Código Procesal Penal, se sumó ayer el factor económico, puesto que la Procuraduría General de la República no tiene un centavo para invertirlo en la reforma procesal, donde el Ministerio Público está llamado a ejecutar más del 70 por ciento de las acciones.

La Procuraduría solicitó RD$300 millones al Ejecutivo para utilizarlos exclusivamente en la aplicación del Código Procesal, dinero que no ha llegado al Ministerio Público.

Además, se conoció que la aplicación de la pieza legal, definida como garantía para los procesados, corre peligro de no ser aplicada en septiembre como se había previsto, en virtud de una alegada mala asignación del porcentaje de los recursos del Presupuesto General de la nación asignados a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia.

Agregan fuentes judiciales que la situación podría empeorar a principio de enero del 2005, en caso que el Presidente Hipólito Mejía promulgue la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaría y Administrativa del Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas, tal y como fue aprobada por ambas cámaras.

Es ante esta situación que la Procuraduría solicitó al Ejecutivo, recursos para poder comenzar a aplicar la reforma procesal durante los últimos meses del año.

Conforme a la Ley, aprobada en el Congreso y a la espera de promulgación, se le concede a la Suprema el 65 por ciento del presupuesto, mientras a la Procuraduría apenas se le consignó un 35 por ciento.

Fuentes ligadas a la Procuraduría aseguran que se le propondrá al presidente Mejía observar dicha ley y devolverla al Congreso para que se haga una distribución más equitativa.

«No es posible que a la Suprema, que no tiene el problema de las cárceles a nivel nacional, se le conceda RD$1,804 millones mientras a la Procuraduría apenas se le concede RD$974 millones «, dijo la fuente.

Sostiene que conforme con el Estatuto del Ministerio Público, corresponde a la Procuraduría la principalía en la aplicación de la reforma procesal penal, desde la etapa de la investigación hasta la ejecución de la sentencia.

«Esta situación demanda el fortalecimiento institucional para que le sea posible asumir mediante una organización sólida y funcional, las delicadas tareas de dirigir la investigación, formular la acusación y en su caso, solucionar el conflicto por vía alternativa, ejercer la acción pública, defender los intereses sociales, ofrecer asistencia a las víctimas y testigos, entre otras actividades», sostuvieron los expertos.

Entienden que esto obliga a una mayor inversión en los recursos humanos y de servicios aplicados a los centros carcelarios.

«La Procuraduría General de la República ejecuta el entrenamiento civil de las cárceles de Elías Piña, Dajabón, Mujeres de Najayo, San Francisco de Macorís y la de Moca, para las cuales la Unión Europea ha hecho, a través de PARME, cuantiosas inversiones contando con que el Estado Dominicano le dará continuidad a ese programa», explicaron los expertos.

Advertencia

La Procuraduría General de la República advirtió sobre la problemática mediante cartas remitidas a los presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

En la misiva, de fecha 14 de julio de este año, Céspedes Martínez plantea que con este déficit presupuestario, se hace imposible la puesta en ejecución del Estatuto del Ministerio Público, la Escuela Nacional de la Judicatura, el Departamento de Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico, Escuela Penitenciaria, Procuraduría de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Departamento de Médicos Legistas, Procuraduría General Administrativa y otros departamentos.

«La Suprema Corte de Justicia y la Policía Nacional reconocen que el 80% de responsabilidad del nuevo Código Procesal Penal que inicia en septiembre, tenemos la obligación de la ley en su aplicación», sostiene la carta.

Otra carta similar había sido remitida al presidente del Senado por Céspedes Martínez, el 18 de mayo de este año.

A modo de ejemplo, técnicos de la Procuraduría General de la República precisaron, que “si se toma como base el presupuesto de los ingresos internos de la nación, que es de RD$ 67,692,416,067.00, le correspondería al sector justicia el 4.10 por ciento, de los cuales 2.67 por ciento, que representa el 65 por ciento, está destinado a la Suprema, mientras que a la Procuraduría le corresponde un 1.44, equivalente al 35 por ciento, lo que significa que a la Suprema le toca el doble».

Conforme a los datos, a la Suprema le corresponden  RD$1,804,002,888.18, mientras que a la Procuraduría apenas  RD$974, 770, 791.37, lo que significa que el Poder Judicial supera con el doble de recursos económicos al Ministerio Público, como sucede en la actualidad donde le fue fijado un techo a la Suprema de RD$1,149, 120, 000.00, y al Ministerio Público un techo de RD$665, 147, 961.00.