SAN JUAN DE LA MAGUANA. Utilizando un contingente de policías con armas largas, bombas lacrimógenas y chalecos antibalas, la Procuraduría General de la República, reasumió el domingo en la tarde de ayer de la administración y control de una finca de 900 tareas y una factoría de arroz propiedad de Quirino Ernesto Paulino Castillo que un tribunal le había quitado el sábado pasado.

Esos inmuebles, cuya propiedad reclama Rafael Castillo, sobrino del narcotraficante, fueron rentados junto a otras 4 fincas, que totalizan 3,500 tareas de tierra, al empresario e ingeniero Carlos de los Santos durante 5 años. La finca y la factoría de arroz están en el kilómetro 14, carretera San Juan-Las Matas de Farfán, a la entrada de la sección Punta Caña, donde se presentó el fiscal adjunto Manuel Bello Orozco junto a decenas de efectivos de la Policía, al mando del mayor Víctor Rosario.

Los hombres violentaron el portón, rompieron los candados, entraron a las instalaciones y reasumieron el control de dichos inmuebles.Los abogados de Rafael Castillo, Antoliano Rodríguez y Héctor Ortiz (Cheo el Blanco), calificaron de “grosera, arbitraria y violatoria, la acción del principal organismo del Ministerio Publico, porque nuestro defendido fue favorecido con tres sentencias, incluyendo la 322-14-00259, del juez Robert Antonio de Aza Batista, de la Cámara Civil, que solicita la fuerza pública para el desalojo de la Procuraduría General de la República”.