El equipo de la Procuraduría General que investiga el caso de Odebrecht rastrea las cuentas y bienes inmuebles de un exfuncionario que firmó contratos con el consorcio brasileño por más de US$139 millones, y que aunque no figura en los documentos de Brasil, tiene posesiones que no se corresponden con el salario que devengaba.

Según la unidad de Análisis Financiero de la institución, a dicho exfuncionario se le han identificado bienes que no figuran en su declaración jurada de patrimonio porque estarían a nombre de testaferros, y otros que aunque sí fueron declarados, no se corresponden con los ingresos que tenía como salario mensual.

Documentos a los cuales tuvo acceso el periódico Hoy revelan que llamó la atención que con su salario no podía hacer la cantidad de operaciones y montos que manejaba. Por ejemplo, en el año 2009 sus operaciones superaban los tres millones de pesos y en el 2014 una suma similar.

De acuerdo con el análisis financiero de sus declaraciones juradas al cual también tuvo acceso Hoy, la declaración jurada de bienes del exfuncionario investigado “en función de los diferentes cargos que ha ocupado en la administración pública carecen de una adecuada sustentación que permitan la verificación de las propiedades de los bienes incluidos, así como la determinación de la razonabilidad de las cifras contenidas en la misma”.

Resalta que en el 2006, con un salario por debajo de 100 mil pesos mensuales declaró entre sus inmuebles una vivienda valorada en RD$8 millones.

Dicho exfuncionario firmó varios «addedum» a contratos de construcción de proyectos con Odebrecht, y se plantea que podría ser uno de los encartados por la Procuraduría General entre los que se habrían beneficiado de los US$92 millones repartidos como sobornos por el consorcio brasileño.

Entre los exfuncionarios que mayores montos pagaron a Odebrecht en el período 2003-2014, figuran los ingenieros Roberto Rodríguez, exdirector del INAPA; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Mariano Germán y Alberto Holguín, exdirectores del INAPA, por los proyectos de los acueductos de la Línea Noroeste, Samaná, Las Terrenas, Hermanas Mirabal y Alcantarillado de Tenares, por todo lo cual se erogó una suma total ascendente a US$519,083,389.57.
Ordenes de arresto. Fuentes periodísticas dijeron a Hoy que esa sería una de las razones por las que aún el Ministerio Público no ha procedido a solicitar las órdenes de arresto contra el grupo de personas que serán sometidas a la justicia por el ilícito penal de soborno. Esto, sin embargo, no pudo confirmarse.
Aseguraron que “todo está listo”, y que solo se espera verificar algunos detalles para sustentar con mayores pruebas fehacientes algunos casos.