La Procuraduría General y la Fiscalía del Distrito Nacional que durante las dos últimas semanas, incluidos los domingos, fueron escenarios de mucho movimiento y concurrencia de gente tras la Operación Antipulpo, lucían ayer desoladas, en una aparente pausa de las pesquisas que el 29 de noviembre inició el Ministerio Público contra los actos de corrupción.

La fiscalía se mantuvo como un “hervidero de gente” desde el domingo 6, cuando se inició el conocimiento de la medida de coerción a los primeros diez encartados en el caso Antipulpo, hasta el miércoles a las 6:00 de la tarde cuando fueron trasladados de la cárcel del Palacio de Ciudad Nueva a los que irían para Najayo.

La advertencia hecha en audiencia por la procuradora de Persecución Yeni Berenice Reinoso, de que en ese caso “faltan más de los que están, pero van a estar”, mantiene al país en expectativa, y a la prensa al acecho de las nuevas pesquisas.

Fuentes del Ministerio Público dijeron que algunos allanamientos habían sido pospuestos porque las fechas en que se realizarían se filtraron desde instituciones que intervienen en los operativos, y algunos medios las publicaron poniendo en sobreaviso a los perseguidos.
Otros.

Paralelamente al caso Antipulpo, en la Fiscalía del Distrito se daba seguimiento al caso Odebrecht, el otro caso de corrupción administrativa que lleva casi cuatro años en los tribunales con seis encartados y cuya audiencia hubo de ser suspendida por la inasistencia del principal testigo a cargo que presentaría el Minsterio Público: Mauricio Dantas Becerra, exdirector ejecutivo del consorcio brasileño en el país.

Mientras que en la PGR se realizaban interrogatorios a otros exfuncionarios vinculados con supuestos actos de corrupción, entre ellos a las exdirectoras de Compras y Contrataciones, y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Yokasta Guzmán y Berlinesa Franco, respectivamente.

Ambas fueron requeridas en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Admirativa (Pepca) en relación a la compra de 40,000 mil kits de alimentos que se habría hecho en el Inaipi en marzo del año 2020 sin cumplir con la ley.