Hoy 
Más que en años anteriores, el mercado dominicano estará en el 2023 y 2024 expuesto a la importación bajo creciente reducción de aranceles del cereal básico del consumo nacional en virtud de los acuerdos del DR-Cafta. Si en el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del tratado en el 2007 el país no creció competitivamente en este renglón, y en otros que se adicionarán al libre comercio, una parte clave del agro estaría en lo inmediato en serios problemas, sobre todo si no se dispone ya de más cláusulas para proteger al productor. Los arroceros dan señales de que los embarques procedentes de Estados Unidos los sacarían virtualmente del ruedo tras la conquista de la autosuficiencía que habría que defender con una apresurada política de emergencia, tanto para beneficio de quienes obtienen el grano de la tierra y lo mercadean como de los consumidores. La extinción de aranceles debe ir en beneficio de unos y otros.
Procede aplicar medidas dirigidas a privilegiar el cultivo y los procesamientos del arroz a través de tratamientos fiscales que abaraten insumos, riego, suministros energéticos y los créditos llamados a sustentar labores y logísticas de fincas.
Así ocurre en Estados Unidos donde auspicios estatales disminuyen costos sin violar el tratado para garantizar rentabilidad a la agropecuaria. Hágase aquí lo propio, aunque parezca tarde, con un sector sumamente útil a su país y en dominio de unas formas tradicionales de hacer las cosas que pueden ser mejoradas.
