Hoy 
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS
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Nunca antes habíamos visto un aviso tan dramático como el aparecido el día 4 del mes que discurre en la página 7 de la sección El Deporte del periódico Listín Diario, en el cual el agricultor Isidro Suárez Cáceres (a) Chiche, de Río Verde Abajo, La Vega, denunciaba: tengo 30 tareas de plátanos nuevos y los ladrones han vendido más que yo; ellos los cortan diario y yo cada 22 días, han hecho más dinero que yo.
Con tres meses tras ellos, al sorprenderlos y entregarlos a las autoridades la justicia los suelta; el fiscal adjunto pidió tres meses preventivos y fueron rechazados por la irrisoria multa de RD$5,000.00 cada uno. Hago un llamado a todos los agricultores para entregar las fincas a los ladrones, porque no tenemos protección. Pido al Presidente de la Suprema Corte de Justicia que investigue mi caso.
El relato anterior es uno de los tantos desacatos con los cuales el poder judicial y los encargados de salvaguardar el orden y la propiedad privada, los agentes policiales se burlan de los sacrificados hombres del campo, que no sólo deben enfrentar inundaciones, ciclones, sequías, bajos precios y ausencia de financiamiento, sino que ahora deben defenderse de los amigos de lo ajeno, que al ser considerados padres de familia, se burlan de la justicia y de las autoridades. Los cuatreros en la zona de Guerra, Bayaguana, Monte Plata y San Luis cometen el abigeato y también descuartizan reses para llevarse los cuartos principales, dejando abandonado el resto de los animales y cuando son aprehendidos, dejados en libertad, parodiando la película: Por un puñado de pesos. Se dio el caso patético en donde cinco personas fueron apresadas por los ganaderos con cientos de libras de carne en el baúl del carro sin permiso de matanza y fueron entregados en el cuartel de la policía de Guerra, para ser sometidos, y para sorpresa de ellos fueron liberados en la noche por falta de pruebas.
Los miembros de la Asociación de Defensa de los Propietarios Agropecuarios (ADEPROA), se sienten impotentes por parte de las autoridades judiciales y policiales ante una banda de delincuentes que sustraen equipos de regadío, labranzas, alambres eléctricos y de púas, así como reses, caballos, cerdos y aves de corral. Es tanta la indolencia de las autoridades, que se expresan en términos tan desalentadores como: interponer una querella, es perder tiempo. Un caso que nos ha tocado muy de cerca ocurrió el día 5 de febrero del año en curso, cuando en la finca familiar ubicada en La Vereda, Municipio de La Isabela, Puerto Plata, un ladrón fue sorprendido robando limones y naranjas agrias, con tres sacos llenos de estos cítricos, y el señor Antonio Muñoz (a) Varoy, comprador de esos frutos, hirió de un disparo en el muslo al intruso. No obstante el disparo haber sido hecho dentro de la finca, con el cuerpo del delito en su poder, en legítima defensa y con la presencia de testigos que afirmaron que el caco se le abalanzó encima con un machete, al morir el herido porque el disparo le atravesó el femoral, a Varoy le impusieron tres meses de coerción, sin que pueda obtener la libertad bajo fianza. Mueve a risa el principio jurídico invocado por los ladrones de la zona: reconocemos que la finca y los árboles son de él, pero los frutos son de quien los coge. Lo peor del caso, es que los agentes de la policía en La Isabela dan por bueno y válido este precepto legal. Así las cosas, habrá que exclamar: ¡Quién podrá defendernos!.
