POR CLAUDIO CABRERA
A punto de abrirse las puertas para la entrada en acción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, subsisten importantes interrogantes entre los productores agrícolas e industriales del país, por diferencias entre ambos sectores respecto a planteamientos provenientes de la denominada Coalición de Apoyo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, para su puesta en marcha.

Los representantes de los sectores manufacturero y agrícola, vitales dentro del circuito interno de la economía, consideran necesaria la revisión de aspectos estimados vitales para un buen acoplamiento entre los países cuyas economías están bajo ensamblaje de un cercano acuerdo comercial regional.

Aunque en el Acta Constitutiva de la Coalición se afirma que los beneficios a derivarse de la anexión al TLC conllevarán para los productores dominicanos menores costos y menores precios para el consumidor, ambos sectores se muestran remisos ante el pronóstico de la coalición.

Según ha previsto el grupo que aboga por la firma inmediata del TLC por parte de República Dominicana, en el sentido de que tras el acuerdo el país contará con un sector privado más productivo y competitivo, con mayor acceso al mercado más grande en el mundo y el cual generará más empleos de mayor valor agregado, los productores creen necesario tomar dichas recetas con una cierta sal.

LOS INDUSTRIALES

Con relación a la adopción del TLC, la Coalición de Apoyo al DR-Cafta plantea estar de acuerdo en que se fortalezcan los sectores productivos dominicanos, a través de medidas que les garanticen la debida competitividad de manera urgente, pero no condicionan su aplicación antes de la ratificación congresional del Acuerdo de Libre Comercio.

En este sentido, los industriales piensan que debe ser diferente y estiman que se deben realizar las reformas legislativas que establezcan igualdad de condiciones fiscales frente a los países firmantes del DR-Cafta, pero antes de su ratificación por el Congreso Nacional.

Además, el sector manufacturero local plantea que deben eliminarse los gravámenes que se cobran antes de iniciarse el proceso de producción, específicamente los aranceles y el recargo cambiario a los bienes de capital y a las materias primas gravadas con tasa cero y 3%, que provengan de los Estados Unidos, de Centroamérica y de cualquier otro país.

En ese sentido, la Coalición de Apoyo alega que el DR-Cafta elimina esos gravámenes, pero en el entendido de que sólo los anula para dichos bienes y materia prima que provienen de los Estados Unidos y no de otros países.

En tanto que la Coalición recalca la necesidad de que se ratifique el TLC en el país, antes que en los Estados Unidos, los industriales estiman que dicha ratificación debe efectuarse solamente tras la aprobación de las reformas pedidas por el sector, sobre todo, en lo que concierne a los cambios en materia fiscal.

La Coalición, se afirma, procura que las operaciones de intercambio comercial sean niveladas en el país, respecto a los Estados Unidos, pero no respecto a los países de Centroamérica.

El problema es que esto puede traer en los hechos una desviación de comercio que nos afectaría grandemente a los sectores productivos dominicanos, afirmó un industrial del país que fue citado a este respecto.

Algunas materias primas que provienen de otros países, como son de la propia región de América Latina y de Europa, quedarían fuera de la protección que cobija las desgravaciones arancelarias que en el caso de las industrias centroamericanas no les son aplicadas.

Aunque para los promotores de la Coalición las reformas institucionales deben ser impulsadas, los industriales consideran que con RD-Cafta o sin éste, dichas reformas deben ser asimiladas por el país.

Y en todo caso, consideran que de no aprobarse ahora en el Congreso, la ratificación del RD-Cafta, posteriormente no habrían condiciones para ello en los Estados Unidos.

Pero la AIRD entiende que si se reduce el arancel a las materias primas y el recargo cambiario a todos los bienes, incluidos los procedentes de los Estados Unidos o de otros países, se reducirían los precios para la mayoría de los productos elaborados internamente por la industria criolla.

En un sentido más amplio, si sólo se eliminan los impuestos por vía del DR-Cafta, únicamente se reducirían los precios de los productos provenientes de los Estados Unidos y de Centroamérica.

Según ha expuesto la entidad que agrupa a la industria manufacturera local, la protección que se procura para la industria dominicana tiene por objetivo que el sector se haga sostenible y siga siendo proveedor y abastecedor del mercado local, puesto que, de lo contrario, sólo se estaría dando protección a empresas de zonas francas industriales y a productos provenientes de otros países.

También se argumenta que el país sería reservorio de nueva inversión extranjera, una vez ratificado el TLC, lo cual no permite margen de seguridad, en vista de que Centroamérica tiene mejores condiciones competitivas para la inversión, al no poseer tantos niveles de gravámenes aplicados a la industrialización.

De no atenerse a una reforma fiscal, asumen que tampoco habría mayor incremento del empleo en la industria local, en vista de que la presión fiscal en el país que recae sobre los productores, es comparativamente muy alta.

AGRICULTURA: EN ALERTA ROJA

En tanto discurren las discusiones acerca del impacto inmediato y a largo plazo de una eventual ratificación por el Congreso Nacional del TLC o RD-Cafta-Centroamérica, los sectores productivos del campo dominicano están solicitando que también se adopten decisiones previas a lo interno, para proteger a los productores dominicanos.

Para esos fines, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) ha elaborado un proyecto de ley mediante el cual se crea un Programa de Apoyo Directo al Productor Agropecuario (PROAGRO), cuyo objetivo es dar apoyo financiero a los productores agropecuarios locales, con el fin de permitirles renovarse tecnológicamente, reconvertir sus actividades y transformar la producción ante la apertura económica del país.

Este programa tiene como objetivo, en una primera etapa, apoyar los productos más sensibles del campo dominicano ante la apertura comercial, como son arroz, ajo, caña de azúcar, cebolla, crianza de cerdos, producción de leche, habichuelas y pollo, privilegiando aquellos con menor volumen de producción y comercialización de menor superficie cultivada.

Implica dicho acuerdo otorgar recursos monetarios por cada unidad de terreno o unidad animal, cuando el productor siembre la superficie o mantenga la unidad animal legible y registrada, sea para consumo familiar o para el mercado, y cumpla con lo acordado en el programa ejecutado bajo la presente Ley y sus reglamentos.

Al justificar la decisión, el proyecto señala que los acuerdos de liberación comercial que el país ha celebrado o está en proceso de firmar, ocasionarán una mayor apertura comercial y, en consecuencia, expondrán nuestra agricultura a la competencia de bienes y servicios, cuyos precios pueden ser distorsionados por prácticas desleales de comercio que aplican los países más desarrollados.

Los productores privados de la JAD sostienen que se trabaja conjuntamente con los técnicos de la Secretaría de Agricultura, para procurar que los efectos nocivos sobre el sector sean mínimos. Entre los años 2003 y 2004, la agricultura del país sobrevivió, en parte, a que fueron otorgados más de RD$1,000 millones para apoyarla ante la competencia extranjera, de acuerdo a un informe proveniente de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Pero el peor de los problemas que afecta a los productores locales, lo constituyen las barreras no arancelarias, así como un manojo de reglas fitosanitarias que por lo general aplican países ricos como Estados Unidos, tanto para recibir exportaciones como para hacer sus exportaciones agrícolas a países en vías de desarrollo, como el nuestro.

Igualmente, consideran que aparte de la nueva legislación fiscal necesaria, deben adoptarse medidas y leyes que protejan a los hombres del campo domi