Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
A partir de la semana que finaliza, todas las entidades empresariales vinculadas a la producción y a la provisión de servicios en el país están en alerta, a la espera de finalizar las discusiones y llegar a un acuerdo definitivo sobre el contenido del documento que llevarán ante el gobierno para que se adopten las decisiones sobre las implicaciones del tratado de libre comercio, mejor conocido como RD-Cafta y que el presidente presentará el próximo agosto ante el Congreso Nacional.
Entre los principales asuntos de debates que internamente han regulado las discusiones a lo interno del empresariado figuran los detalles relacionados con las distintas formas en que los nuevos esquemas impositivos a ser adoptados para efectuar una reforma fiscal, no les afecte su normal desenvolvimiento y les permita seguir en competencia con los productores del resto de Centroamérica y República Dominicana.
Entre otras cuestiones, se aceleran los debates, ya aprobado el esquema RD-Cafta por el Congreso estadounidense, en qué medida las empresas locales deberían cobijarse al amparo del Estado con leyes que les permitan en un período de transición, continuar operando bajo los nuevos esquemas competitivos.
Pero casi todas las empresas industriales, manufactureras y procesadoras del país han estado de acuerdo en que se precisan importantes fondos provenientes del gobierno para que en este período crítico de acoplamiento de las economías y del comercio regionales con Estados Unidos, puedan soportar los problemas de alta competencia con empresas que gozan de incentivos y mejor posicionamiento que las de República Dominicana.
EL INSTRUMENTO FISCAL
Los argumentos con que las asociaciones empresariales, particularmente el organismo cúpula, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, la Asociación de Industrias de la República (AIRD), así como la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje) y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, parten de la necesidad de que se aproveche el nuevo borrador de reforma fiscal, al cual se dan los últimos toques, para introducir los incentivos.
Siguen sosteniendo los industriales que estos deben ser previos a toda consideración de someter ante el Congreso Nacional una nueva reforma fiscal, en vista de que de no hacerlo, quedarían anulados más de 400,000 puestos de trabajo en el sector productivo local.
Un sector el cual está aún preocupado por las decisiones que emanen de esta reforma fiscal con miras a acoplar la economía con el RD-Cafta, lo es la agricultura. Por eso, los representantes del sector agropecuario han considerado imprescindible para arribar a un acuerdo satisfactorio en los próximos días, que se tomen en cuenta a los productores protegidos bajo los esquemas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como a los pequeños y medianos productores de rubros no tradicionales y que cuentan con gran futuro para ampliar el comercio intrarregional.
SALVAGUARDAS A LA AGRICULTURA
Un estudio efectuado por el economista asesor del Congreso de los Estados Unidos, J. F. Hornbeck, especialista internacional en asuntos de comercio y finanzas, refiere en un documento elaborado sobre las repercusiones del RD-Cafta para las economías ya indicadas, que «los programas de apoyo doméstico no fueron enfocados dentro de este contexto, pero varias concesiones fueron permitidas con miras a reducir tarifas e incrementar niveles de cuotas, que son las políticas más distorsionantes y costosas en el contexto del comercio».
Sostiene también que el RD-Cafta proveería importantes esquemas de transición a todos los países con productos agrícolas sensibles, incluyendo a la República Dominicana, con la opción de poder utilizar medidas de salvaguardas durante el período consignado.
Sostiene que los productos agrícolas contienen los más generosos esquemas de desmontes, los cuales incluyen hasta los 20 años para algunos renglones, como son arroz y leche.
Con esta aproximación se reconoce que los países dependientes de pequeñas y medianas granjas requieren de tiempo para acomodarse a un proceso de ajuste estructural, el cual se efectúa en tanto sus sectores agrícolas respectivos intentan transformarse y variar de una granja de subsistencia hasta operaciones de agronegocios con importante valor agregado, así como alejados de la tradicional agricultura y de la industria y los servicios.
«Todo negocio agrícola debe eventualmente convertirse en libre de impuestos, con excepción del azúcar importada por los Estados Unidos, de las papas frescas y cebollas importadas por Costa Rica y maíz tierno importado por los demás países centroamericanos».
Resalta el análisis del economista-asesor del Congreso estadounidense que a partir de la puesta en vigor en forma bilateral del cuerdo RD-Cafta, «más de la mitad de las exportaciones provenientes de las granjas estadounidenses hacia Centroamérica, se convertirían en productos libre de impuestos en lo inmediato, incluyendo carne de res y otras carnes de alta calidad».
También se incluyen productos como el algodón, el trigo, ciertas frutas y vegetales, productos y alimentos procesados, así como vinos.
El estudio elaborado por el economista Hornbeck, sostiene también que existen otras provisiones transitorias para equilibrar el comercio entre Estados Unidos y los países del área, entre las que se señala que los productos agrícolas serían objeto de tarifas libre de cuotas, o de límites sobre la cantidad importada que pueden entrar a los Estados Unidos, antes de que una tarifa más alta sea aplicada.
La fase de reducción para la protección agrícola también incluye el uso transitorio de los precios y volúmenes fijados, o aplicaciones temporales y adicionales de impuestos sobre productos que están siendo importados en cantidades sometidas a algún acuerdo con la industria doméstica.
«Los subsidios a las exportaciones serán eliminados -sostiene el documento-, con la excepción de aquellos que respondan a la tercera parte de los subsidios de exportación».
En el caso del mercado interno estadounidense, plantea que los Estados Unidos podrían imponer un mecanismo para los precios del azúcar, a fin de compensar las exportaciones del dulce sin procesar, acorde con los tratos relacionados con el libre comercio.
«El azúcar fue, quizás, -sostiene el documento-, el más controversial y complejo de los temas agrícolas bajo estas negociaciones».
