Madrid.  El Gobierno español está analizando los bienes y servicios que actualmente se gravan a tipos reducidos de IVA de 4% y de 8%, para aumentarlas a 18%, informó ayer la prensa española. 

Particularmente el diario El Economista reveló que  fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han comunicado que el Gobierno podría pasar productos que actualmente se gravan al IVA superreducido (4%) o reducido (8%) al tipo general (18%) y ampliar así la recaudación del tributo.

Entre los productos y servicios que tributan a un tipo reducido figuran el transporte de viajeros, servicios de hostelería, entradas a espectáculos, dentistas o peluquería y vivienda nueva, entre otros.

Por su parte, los productos con un tipo superreducido son los de primera necesidad: pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y quesos. Además, también se benefician los libros, periódicos y revistas no publicitarios o las viviendas de protección oficial.

Las mismas fuentes han asegurado que las medidas relativas al IVA incluidas en el plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes también sirven para ampliar las bases imponibles del impuesto al elevar la recaudación. 

En este sentido, esperan que el plan, que llegará esta misma semana al Parlamento, entre en vigor en enero de 2013 o incluso antes, ya que se trata de un «proyecto ambicioso» que dota a la Agencia Tributaria de buenas herramientas para evitar el fraude.

Según las fuentes, el diseño del plan antifraude es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra el fraude, más aún en un año como el 2012 en el que es más necesario que nunca que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias. 

El plan incluye medidas novedosas como la limitación del pago en efectivo entre empresas y entre particulares y empresas a 2,500 euros, la obligación de declarar los bienes en el extranjero o la posibilidad de que la Agencia Tributaria adopte medidas cautelares.

Las fuentes han recalcado el efecto de la limitación del uso de efectivo, una medida que también han adoptado otros países y que puede ser muy positiva, ya que no busca recaudar, sino evitar este tipo de conductas.  En este sentido, las autoridades  explicaron que se trata de una medida preventiva, ya que su propio diseño hace que si alguien propone un pago de este tipo no tenga la seguridad de que no le va a denunciar la otra persona.

Ayuda financiera

España envió ayer a sus socios de la zona euro su petición formal de ayuda para recapitalizar el sector bancario.

Como se esperaba, el documento no indica detalles de las ayudas, como la cantidad que se pedirá o las condiciones del préstamo. Aquí la carta remitida por el Gobierno. 

«Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de España, para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran. Esta asistencia  se enmarca dentro de los términos de la ayuda financiera para la recapitalización de las instituciones financieras», arranca la carta que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha enviado al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

«La elección del instrumento concreto en el que materializará esta ayuda tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad y aquellas que se puedan decidir en el futuro», añade. 

A partir de ahora, un equipo de la Comisión Europea viajará «muy pronto» a Madrid para iniciar las negociaciones sobre el memorando de entendimiento que incluirá las condiciones del préstamo que recibirá el Gobierno español para recapitalizar la banca. 

«El Gobierno de España valora muy favorablemente la declaración de los Ministros del Eurogrupo del 9 de junio, en la que se respaldan la determinación de las autoridades españolas de reestructurar el sistema financiero y su intención de solicitar asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras, por un importe suficiente para cubrir las necesidades de capital más un margen de seguridad adicional, hasta un máximo de 100,000 millones de euros», indica la citada carta.