En el año 2065 se presentó a la vivienda de Junior José un contingente militar junto con fiscales internacionales, para desalojarlo, incautarle su casa y terrenos circundantes. Él les explicó que la vivienda y terrenos eran de su propiedad, que había cubierto al gobierno todas las cuotas de pago y que disponía de la documentación que lo probaba; ellos le informaron que un tribunal internacional había sentenciado a la República Dominicana al pago de 100 trillones de dólares que representaban la deuda acumulada desde el año 1965  junto con sus intereses.

Todo representaba la suma de 100 préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 100 préstamos del Banco Mundial, 50 préstamos a la Unión Europea, venta de 50 partidas de bonos soberanos y numerosos contratos con otros organismos crediticios internacionales que nunca fueron redimidos y en el momento de la sentencia todo el territorio de la república no cubría el monto de la deuda, de tal forma que toda la infraestructura sobre el suelo dominicano quedaba automáticamente incautada, exceptuando, por respeto a los derechos humanos, los habitantes, a quienes se les otorgaba un plazo de dos semanas para buscar la forma de trasladarse para Haití o a cualquier otra parte del planeta.

Los que tomaron préstamos y empeñaron al país, ya estaban sepultados y sus descendientes vivían en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde iban siendo localizados y muertos por un comando aniquilador que encabezaba un tal Junior José Segundo, que siempre dejaba una nota que decía:

“Tu vida es lo único que puedes aportar para cubrir la afrentosa deuda de tus abuelos, que nos dejaron sin patria porque la vendieron metro a metro”.