Hoy 
POR MANUEL ESPINOSA R.
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Profesionales de diferentes áreas y productores agropecuarios se quejaron por la incautación de sus armas de fuego por parte de efectivos del Ejército Nacional, a pesar de que tienen sus licencias al día. Las afectados con la medida, entre ellos abogados, médicos y productores agropecuarios, señalaron que en la mayoría de los casos, al momento de incautarles las armas, las tenían en las gavetas de sus vehículos.
En ese sentido, manifestaron que con esa medida las autoridades de la Secretaría de Interior y Policía están violando las leyes y la última resolución emitida por esa misma cartera.
Los afectados advirtieron que con la prohibición de porte de armas de fuego, cuyos propietarios las han adquirido para proteger sus vidas y bienes, se envía un mensaje peligroso a los delincuentes, que están armados hasta los dientes.
Consideran que si se mantiene la disposición de solamente tenerlas, de portar el arma dentro de un vehículo, con las balas y el cargador separados, hay que practicar la consigna de sálvese quien pueda.
En los últimos días, afectivos del J-2 del Ejército Nacional, que se trasladan desde Santo Domingo a esta zona, se han incautado de varias armas de fuego, principalmente pistolas y revólveres a abogados, médicos y productores agropecuarios, al momento de dirigirse desde y hacia sus centros de trabajo o fincas.
Los profesionales y productores agropecuarios estiman esta medida sólo resultaría, si las autoridades procedan a incautarse de las decenas de armas de todos los calibres que están en poder de la población civil, especialmente de los delincuentes, que están armados hasta los dientes.
Mientras nosotros, hombres pacíficos y de trabajo, que nos sacrificamos, adquiriendo armas para protegernos y proteger nuestros bienes, debemos dejarlas en nuestras casas o dentro de los vehículos, exponiéndolas al robo, los que viven de lo ajeno andan para arriba y para abajo con las suyas encima, expresaron.
Pidieron al titular de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier y al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Sigfrido Pared Pérez, que establezcan otros mecanismos que no sean exponer las vidas de hombres y mujeres de trabajo.
