Profesores logran que diputados
modifiquen la Ley de Educación

<P>Profesores logran que diputados<BR>modifiquen la Ley de Educación</P>

ADALBERTO DE LA ROSA
a.rosa@hoy.com.do
Los profesores lograron convencer a los diputados para que aprobaran la modificación de la Ley General de Educación 66-97 que reduce  el derecho a la jubilación  automática en tres escalas y  establece el beneficio de una  pensión a los hijos menores al momento del fallecimiento del educador.

Más de 2,000 maestros de diferentes partes del país, encabezados por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera y miembros del Comité Ejecutivo, se concentraron en la explanada del Congreso para motivar la aprobación de la pieza.

A una parte de los profesores se les permitió subir a las gradas para que observaran todo el proceso de conocimiento y aprobación de la pieza que previamente había sido consensuada por los partidos y la sociedad mediante la celebración de vistas públicas  en las provincias y el congreso.

El proyecto, declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas, es de la autoría de la profesora y  diputada Rudy María Méndez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por Barahona y de otros legisladores del PRD y de la Unión Demócrata Cristiana.

En su artículo 171 establece que el servidor del sistema adquiere el derecho a la jubilación automática al haber cumplido 30 años en el servicio, sin importar la edad; 25 años en servicios y 50 años de edad; 20 años de servicio y 55 años de edad.

Todo servidor del sistema tendrá derecho a pensión si es declarado en inhabilidad física después de haberse comprobado su incapacidad para el activo por una junta médica al servicio del régimen de pensiones y jubilaciones, siempre que haya cumplido cuatro años de servicio ininterrumpido o haber acumulado 48 cuotas o cotizaciones.

El beneficio de pensión será: de 4 a 10 años de servicios, el 70% del promedio del salario devengado en los últimos 12 meses; de 11 a 15 años, el 80%; de 16 a 20, el 90%; de 21 a 24, el 95%, y de 25 en adelante el 100%.

Los docentes y empleados que ingresen al sistema educativo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, para acceder al fondo de pensiones y jubilaciones deben demostrar con documentos legales que su edad no pasa de 45 años, a menos que haya servido en otra función pública por más de 10 años.

El pensionado o jubilado podrá autorizar el descuento del 2% de su sueldo  y en caso de fallecimiento los beneficiarios serán los hijos menores de edad o si están estudiando hasta que los concluyan.

Los hijos de profesores con discapacidad, desde e l momento de la muerte de sus padres, recibirán los beneficios de por vida como lo establece la ley 87-01. También los profesores, al momento de su pensión, recibirán 25 salarios.

Aaprobación causó gran  algarabía

La diputada Ydenia Doñé,  presidenta de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y la proponente del proyecto, la   diputada del PLD, Rudy María Méndez,  (ambas profesoras) hicieron ingentes esfuerzos para que se aprobara la modificación de la Ley 66-97.

El presidente de  la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, también puso empeño para que sus colegas aprobaran la pieza.

El diputado Angel Acosta, del Movimiento  Dominicanos por el Cambio, planteó que los beneficios de    la  jubilación y pensión se redujera a 25 años de servicios, sin importar la edad, pero la propuesta fue rechazada y se acogió la sugerencia original de la comisión que estudió el proyecto .

En otras iniciativas, los diputados también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que establece un régimen regulatorio para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los legisladores aprobaron además una resolución que reconoce la labor del periódico El Caribe por sus aportes a la libertad de expresión, a los derechos humanos  y al proceso de consolidación de la democracia dominicana durante sus 60 años de labor.

Después de más de una hora de debates, los legisladores enviaron a una comisión especial el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Turístico (INDETUR), y se concedió un plazo de cinco días para su conocimiento.

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