Luego de que se diera a conocer la solicitud del presidente del Consejo Superior Policial, el doctor Franklyn Almeyda, a la jefatura de la Policía Nacional para que proceda a dar de baja a 61 oficiales y alistados de ese cuerpo que dieron positivo a las pruebas antidoping dispuestas por el departamento de Asuntos Internos, pocas dudas quedan de la voluntad del gobierno de emprender la tantas veces reclamada depuración de la llamada institución del orden.

Un capitán, un primer teniente, cuatro segundos tenientes, tres sargentos mayores y siete sargentos, así como una gran cantidad de alistados, aparecen en la comunicación, pertenecientes a organismos tan distintos como la Compañía de Protección de Mandatarios, en el Palacio Nacional, hasta la Autoridad Metropolitana del Transporte Terrestre (AMET).

Este paso dado por las autoridades tiene, por el hecho de producirse en medio de lo que ya nadie duda en calificar como una crisis de seguridad pública, especial significación, sobre todo porque las acciones de muchos miembros de la Policía, con demasiada frecuencia vinculados a la comisión de delitos y crímenes que compiten en audacia y ferocidad con los de aquellos que se supone persiguen, han terminado por destruir la confianza de la ciudadanía en la institución.

No es posible, como se ha sugerido tantas veces, crear un frente amplio, en el que se involucren todos los sectores de la vida nacional, para encarar el problema que mas nos agobia si se duda de la lealtad y confiabilidad de un actor fundamental como es la institución responsable de velar por el orden público, que no se sepa si está con Dios o con el Diablo.

Nadie dijo que fuera fácil ni que fuera cómodo, lo que explica que hasta ahora se haya actuado con tanta timidez para atacar la enfermedad, pero una vez iniciado el tratamiento hay que llevarlo hasta el final, por lo menos hasta que la ciudadanía vuelva a confiar en la idoneidad y capacidad de quienes están llamados a protegerla de los desmanes de la delincuencia y la criminalidad.

Alerta

La Encargada del Departamento de No Violencia contra la Mujer, Clarissa Valdez, acaba de hacer una observación que deberían valorar las autoridades del Ministerio Público, pues si bien es mucho lo que se ha avanzado para ofrecer protección a la mujer de la violencia intrafamiliar y de género también lo es que todavía falta un largo trecho por recorrer.

Durante un taller, celebrado el fin de semana con los auspicios de la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría General de la República, Valdez advierte sobre la peligrosa tendencia de muchos funcionarios de subestimar los niveles de riesgo al que se exponen las mujeres que acuden a las fiscalías barriales, con lo que no solo ponen en peligro las vidas de esas mujeres sino también que faltan a su responsabilidad de ofrecerle auxilio y protección oportuna.

Lejos están, ciertamente, los tiempos en que las autoridades hacían caso omiso a esos “pleitos entre marido y mujer” que tanto luto y dolor ha llevado a tantas familias, pero ahora, que ya existen las instancias jurídicas destinadas a canalizar las quejas de las víctimas y ofrecerles protección, parece que asoma una nueva amenaza: la maldita burocracia.