JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Ahora que el Consejo Superior de la Policía Nacional ha iniciado una labor de profilaxis, todos debemos cifrar esperanza de que el resultado sea una institución más limpia y en mayor capacidad de ejercer su responsabilidad de prevenir y combatir la delincuencia y mantener el orden público.

Tal como avanzó el Jefe de la PN, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, ese proceso debe estar revestido de la mayor transparencia y sentido de justicia, sin retaliaciones ni venganzas grupales o personales.

Tanto el jefe policial como muchos otros altos oficiales saben muy bien lo que hay que hacer para transformar esa institución en un organismo funcional y eficiente, capaz de responder al creciente desafío de la delincuencia.

Ese sentido de justicia y equidad no ha estado presente en el informe de la comisión que investigó el escándalo de los vehículos robados y usufructuados por oficiales de la PN. Tampoco en las declaraciones sobre el particular del ministerio público.

El informe busca concentrar la responsabilidad de la práctica en apenas 7 altos oficiales, aunque el mismo comienza indicando que esa práctica ilegal está vigente «desde tiempos que preceden a esta generación de oficiales de la Policía Nacional», y lo atribuye a la insuficiencia de vehículos con que ha tenido que manejarse la institución. Sostiene que era parte de la «logística con la cual se había venido cumpliendo la misión principal de la Policía»…

Sin embargo, el informe carga la responsabilidad exclusivamente en los jefes departamentales que eran precisamente quienes tenían que cumplir la misión de la institución, dejando ignorando la que corresponde a los beneficiarios del usufructo de los vehículos, en su mayoría generales y coroneles, aunque también algunos mayores, capitanes, tenientes y hasta tres sargentos.

Peor fue la forma como se presentó la investigación a la opinión pública, junto al anuncio de que esos 7 oficiales serían procesados. Se les atribuyó a ellos el usufructo de 82 vehículos, lo cual es absolutamente incierto.

Por ejemplo, al exjefe de la PN, general Jaime Marte Martínez, se le atribuyen 15, al exgeneral Pedro A. Hernández Reyunoso, excomandante del departamento de vehículos robados 10 casos, y al excoronel Fausto Tiburcio Batista, quien también comandó el departamento de vehículos robados, nada menos que 20 casos.

Cuando se revisa caso por caso en el mismo informe se descubre  allí mismo que Marte Martínez solo tuvo asignada una camioneta Mitsubishi del 2000, Hernández Reynoso aparece con dos jepetas y Tiburcio Batista tenía atribuidos 5 vehículos.  

Es decir que de los 82 vehículos que se les asignan ellos sólo tenían 8, y los restantes 74 estaban «cargados» a otros oficiales, a los que la comisión y el ministerio público ha considerado inocentes, concentrando la responsabilidad sólo en 7 personas.

La realidad es que todos deben tener algún grado de responsabilidad en la irregularidad. Pero también los políticos y gobernantes que han pretendido que una Policía Nacional puede cumplir su misión patrullando a pies, como hace medio siglo.

Fuentes policiales que pretenden ser justas han confiado que tampoco se está tomando en cuenta circunstancias como que muchos de esos vehículos ya eran recuperados con los chasis borrados o alterados por parte de quienes los habían robado y si resultaba imposible establecer sus dueños, los oficiales les daban uso en actividades de la institución. Claro que en muchos casos eran dispuestos para servicio privado y familiar. ¿No hay distinción entre uno y otro?

Por supuesto que la justicia debe establecer responsabilidades y sanciones. Pero sin chivos expiatorios de una práctica vergonzosa, que no se daba sólo en la PN, sino también en la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta en cuarteles militares. Aún en la variedad de vehículos robados, además de incautados en las aduanas y la frontera, por contrabando, y como cuerpos de delitos.

Sería una pena que la PN desaprovechara la oportunidad de una profilaxis a fondo, requerida por toda la sociedad. O que la iniciara y realizara con injusticias, exclusiones y favoritismo. Hagamos voto porque lo del informe de la comisión investigadora sea enmendado.