Los mandos militar y policial deben multiplicar su celo y sus esfuerzos por preservar la integridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los ciudadanos de este país tienen suficientes motivos y ejemplos para reclamar que la profilaxis militar y policial sea permanente, de modo que se reduzcan al mínimo las probabilidades de participación de militares y policías en actos de delincuencia. Hace poco, en este mismo mes, un capitán de fragata y su esposa fueron arrestados y sometidos por traficar con cocaína, y más recientemente un raso de la Fuerza Aérea Dominicana fue herido por policías cuando participaba en un asalto junto a policías y civiles.

Está claro que los mandos de los institutos castrenses y la Policía no vacilan en castigar a los militares y policías que delinquen, pero el hecho de que se produzcan nuevos casos significa que hay que aguzar el sentido para detectar manzanas podridas. Hay que poner más celo en vigilar a aquellos cuya situación económica y social parezca desbordar el poder adquisitivo de  sus sueldos. Es posible que haya que reforzar los rigores para el ingreso a estas instituciones, de manera que se tengan a mano, bien depurados,  los perfiles de cada uno de los integrantes de estos cuerpos. Ciertas formas de criminalidad, como el narcotráfico por ejemplo, seducen con los grandes capitales que movilizan. La profilaxis debe ser permanente y rigurosa.

Los gobiernos municipales

Ahora que se baraja el tema de la reforma constitucional es bueno traer a colación el caso de los ayuntamientos municipales, cuyas facultades y poderes han sido mermadas en la práctica. En esa reforma deberían establecerse los poderes y limitaciones que tienen estas entidades como gobiernos municipales que deben ser capaces de generar y administrar ingresos que reciben por concepto de arbitrios y otras cargas.

Por causa de nuestra forma de hacer política, los ayuntamientos han sido despojados de facultades. No regulan el tránsito, ni las placas ni otras obligaciones que antes administraban. En muchos ayuntamientos ha dado  buenos resultados el sistema de “presupuesto participativo”, que da a los munícipes participación en la toma de decisiones. La reforma constitucional debería instaurar  esta modalidad y restablecer facultades que por naturaleza competen a los ayuntamientos.