Los servicios en los hospitales del Estado, regenteados unos por la Secretaría de Salud Pública y otros por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, han desmejorado de una manera que pone en riesgo las vidas de miles de dominicanos que tienen esos centros como única alternativa para atender sus dolencias.

Podría decirse, y es verdad, que en parte la crisis está determinada por los problemas financieros generales que afectan al Estado y que limitan su capacidad para atender las necesidades de sus instituciones, que incluyen, naturalmente, los sistemas de salud. Pero hay un aspecto más profundo que el financiero y que tiene matices morales muy lamentables.

Hoy por hoy, los hospitales de Salud Pública y el Seguro Social están bajo los efectos de una crisis de responsabilidad que fue incubada en los afanes políticos de grupos que entienden que la única forma de servirle al país es estando en las cumbres del poder. Mientras los fondos públicos sobraban para financiar un aparataje político que perdió los escrúpulos en las corrientes del continuismo, a los hospitales les faltaba plantas eléctricas de emergencia que fueran eficientes, medicinas, equipos y que los médicos y paramédicos pudieran devengar salarios dignos. En términos morales, no hay diferencia entre crear confusión con las acreencias y deudas en el sector eléctrico y desatender los hospitales, como no la hay entre esto último y favorecer con el indulto a personajes que jurídicamente no califican para merecer el perdón.

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La magnitud de la crisis en los servicios hospitalarios ha llegado hasta límites deplorables e indignantes. En el Salvador Gautier, uno de los hospitales del Seguro Social, han tenido que despachar a sus casas a los pacientes por falta de medicinas. En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia han tenido que cerrar áreas especializadas como el laboratorio de perinatología y las intervenciones quirúrgicas, en ocasiones, han tenido que ser efectuadas de la manera más precaria, con alumbrado inapropiado. En ambos casos está implícita una crisis moral, de responsabilidad del Estado, más que de orden material.

Situaciones similares a las del Gautier y la maternidad La Altagracia están afectando los servicios en todos los centros asistenciales del país, a pesar de que la preservación de la salud de los dominicanos es una de las principales responsabilidades del Estado.

La crisis tiene una alta dosis de componente moral porque en los centros de salud se han agravado las penurias que los precursores del continuismo prometían, en campaña electoral, que serían solucionadas si eran favorecidos con los votos de la mayoría del electorado. Los resultados electorales adversos han hecho que el Gobierno desertara de muchas de sus obligaciones para con los ciudadanos, y el permitir el deterioro de los servicios de salud es una muestra visible de ello.

El actual Gobierno, cuyo mandato concluye el 16 de agosto, debe retomar sus deberes y anular los ingredientes morales que están determinando la crisis que afecta los sistemas de salud. Es lo menos que se le puede pedir.