Bogotá. EFE.- La Fiscalía colombiana registró ayer la sede del servicio de inteligencia en Bogotá para investigar las denuncias de que desde allí se realizaron escuchas telefónicas y espionaje de correos electrónicos a opositores, jueces, periodistas y otras personalidades del país.

El fiscal general, Mario Iguarán, anunció que hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía iniciaron las inspecciones y registros en las salas internas y externas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia).

También se revisaron «los equipos tácticos que operan a través de satélites que permiten ubicar la información en el espectro electromagnético, como también los equipos de interceptación portátiles de correos electrónicos y de celulares», dijo.    Iguarán indicó que el propósito principal de la investigación es saber «quién esta ordenando las ‘chuzadas’ (interceptaciones telefónicas) y quién está utilizando la información».

«Hemos destacado dos fiscales delegados ante la corte y diez expertos exclusivos para esta investigación. Se harán inspecciones para saber quién está ordenando estas investigaciones», enfatizó. El funcionario añadió que se hará una revisión.

Renuncia

El subdirector de Contrainteligencia del servicio secreto colombiano, Jorge Alberto Lagos, renunció ayer a su cargo por el escándalo desatado tras las denuncias de que desde esas oficinas se realizaron escuchas telefónicas y espionaje. El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, leyó ayer un comunicado en el que aceptó la renuncia del capitán retirado Lagos, quien ocupó ese cargo durante más de tres años.

A Uribe y sus colaboradores

Bogotá. EFE.  El Gobierno colombiano aseguró ayer que detrás de las interceptaciones telefónicas a opositores, jueces, periodistas y otras personalidades están unas mafias que incluso han realizado escuchas al presidente Álvaro Uribe y sus más cercanos colaboradores. El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, aseguró a Caracol Radio que incluso el propio Gobierno es víctima de un pequeño grupo aliado con la mafia que proporciona información privilegiada de todas las instancias del Estado a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

“Se ha conformado al interior del DAS un grupo delincuencial, una mafia que no solamente atenta contra la seguridad del Estado sino que se dedicó, según las denuncias hechas por la revista Semana, a interceptar teléfonos del propio presidente y sus colaboradores más cercanos”, señaló el funcionario. La última edición de Semana, que salió a circulación este sábado, reveló que durante varios meses el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependiente de la Presidencia, realizó escuchas ilegales y denunció que dentro de ese organismo existe una red que vende informaciones de inteligencia a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Valencia pidió una drástica sanción a los responsables del hecho y pidió a los medios de comunicación que revelen las identidades de quienes están proporcionando la información, para que se acelere el proceso.