El programa económico para este año, diseñado por el Gobierno y acordado con el FMI,  contempla, aparte de las metas fiscales y monetarias, reformas estructurales cuyos objetivos van dirigidos a mejorar la administración tributaria, reducir los índices de deuda pública, seguir fortaleciendo el sector financiero y comenzar a resolver la crisis del sector eléctrico.

En el ámbito fiscal, el programa contempla varias medidas relacionadas con la Ley de Hidrocarburos, impresoras fiscales y una revisión de todas las legislaciones que contemplen exenciones con el fin de eliminar las que no justifiquen el sacrificio fiscal y esas medidas forman parte de una reforma de la administración tributaria, una de cuyas metas es reducir la relación deuda/PIB a un rango entre 25-30% en el mediano plazo.

Con ese objetivo el programa contempla un indicador estructural a partir de septiembre para desarrollar una estrategia dirigida a fortalecer la gestión de la deuda pública y el desarrollo de mercado de deuda local a más largo plazo.

El aumento de las recaudaciones, aparte de las medidas enumeradas, será un resultado del fortalecimiento de la capacidad institucional de Aduanas e Impuestos Internos, una mejor integración de informaciones entre esas instituciones y más que nada poner en plena ejecución la reforma aprobada en el anterior stand-by como es la cuenta única de tesorería, aplicación estricta de la Ley de Presupuesto, así como también del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Para estos elementos el Gobierno se compromete al diseño de una estrategia para marzo de este año, pasando a ser una meta estructural del programa.

En cuanto al sector financiero, el programa de reformas establece para el BC adoptar un esquema de metas de inflación para principios del 2012 y al respecto se contempla a partir de junio de este año una meta estructural para la implementación de esa estrategia y en cuanto a la Superintendencia de Bancos se reafirma el compromiso de seguir mejorando la calidad de la supervisión de acuerdo a las recomendaciones del Programa de Evaluación Financiera (FSAP) realizada el pasado año y  a partir de marzo habrá un indicador estructural para la plena implementación de la supervisión basada en riesgos.

Otras metas del programa económico de este año señalan, sin fecha, la presentación por parte del Gobierno de una modificación a la Ley de Capitalización del Banco Central, extendiendo el período de 10 a 15 años, y en materia eléctrica se establecen una serie de medidas dirigidas a reducir las pérdidas y aumentar la capacidad de generación y distribución.

Para un Gobierno que fue eficiente en el cumplimiento de todas las metas y reformas  del anterior stand-by, las actuales representan un nuevo reto y la oportunidad de lograr la conclusión de importantes reformas estructurales que permitirán la sostenibilidad de la estabilidad con crecimiento en el futuro.