En la República Dominicana se registra un aumento considerable en el número de niños y niñas matriculados en las escuelas. Así lo pone de manifiesto un estudio del 2004 de Carola Álvarez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “En Santo Domingo, entre 1992 y 2002, la tasa bruta de matriculación para el primer ciclo de la enseñanza básica aumentó de 91% a 138%, lo cual es un indicador de un aumento de la cobertura escolar.

Para el segundo ciclo, la tasa bruta de matriculación aumentó de 42% en 1992 a 90% en el 2002”.

Con una matrícula que abarca a más de un 90% de su población en edad escolar, nuestro país ocupa el segundo lugar en cobertura entre los países de la América española y, junto a Perú y Brasil, los primeros en materia de asistencia escolar. Pero, los índices de repitencia, de abandono temporal y de sobre edad, fieles reflejos de la eficiencia y de la calidad del sistema, aquí continúan siendo muy altos: 19.0% en el nivel básico y 38% en el nivel medio.

Nos quedan pendientes muchas metas por alcanzar: elevar la pertinencia y calidad de la enseñanza, disponer de un número suficiente de aulas, bibliotecas y equipos de laboratorios, y mejorar las condiciones de vida del personal docente.  En el año 1996, el sistema dominicana de instrucción pública disponía de algunas 20 mil aulas. Cuatro años después, el número había aumentado a 26 mil, pasando a 30 mil en el año 2004, un incremento de 10 mil aulas en 8 años, a un ritmo de construcción de más de 100 aulas mensual.

Esto ha sido posible gracias a la gestión de los gobiernos que se han sucedido desde principios de los años 90, y a la cooperación internacional que ha hecho aportes muy significativos para solucionar el problema de la falta de aulas.

Antes del inicio del próximo año escolar, para poder agotar un calendario de 1000 horas de clase, necesitamos rehabilitar más de 15 mil aulas y construir no menos de 10 mil.

De acuerdo con nuestras estimaciones, el sistema dominicano de instrucción pública requiere a muy corto plazo de una inversión en infraestructura que ronda los 1500 millones de dólares, alrededor de 55 mil millones de pesos.

Hace unos meses, el presidente Fernández anuncio un aporte extraordinario al presupuesto de educación de 4,090 millones de pesos, menos del 5% de lo necesario para encarar el problema de la falta de aulas.

Pero, dicho ofrecimiento aún no  ha sido materializado.

No es el discurso sino el porcentaje del PIB destinado a gastos en educación lo que refleja el grado de atención de parte del gobierno a las necesidades de formación de los ciudadanos.

En el período 1996-2002, el gasto público en educación como porcentaje del PIB pasó de 1.9% a 2.9%.

Esta tendencia fue más acentuada en 1997, año en que se aprobó la Ley General de Educación que establece una inversión pública en educación de no menos del 4% del PIB o un 16% del Presupuesto de Gastos del Gobierno.

Pero, en años posteriores a 1997, la proporción del PIB destinada a educación ha venido decayendo hasta situarse por debajo del 2%. EI presupuesto del sector es  este año  de menos de 1.9% del PIB.

Hemos invertido más en cañones (obras suntuosas, financiamientos inadecuados, gastos innecesarios, etc.) que en mantequilla (salud, educación, construcciones de viviendas y cuido del medio ambiente).