Hoy 
POR LUIS M. CARDENAS
El presidente Leonel Fernández prohibió ayer la venta de fuegos artificiales al público sin el permiso correspondiente y nombró una comisión que se encargará de otorgar la debida autorización sólo a las instituciones y empresas que realicen espectáculos. Mediante decreto 616-06 el Poder Ejecutivo designó una comisión para elaborar un anteproyecto de ley a fin de regular la comercialización de los artefactos pirotécnicos.
El decreto recuerda que gracias a las normas de protección tomadas por las autoridades en el año de 1999 no se produjeron accidentes fatales ni víctimas por el uso de fuegos artificiales, lo que contribuyó a disminuir el número de pacientes en los hospitales públicos, acción que motivó al gobierno a establecer la presente disposición.
La comisión que se encargará de otorgar los permisos la integran los titulares de las secretarías de Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Salud Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la jefatura de la Policía Nacional.
La comisión interinstitucional que se encargará de preparar un anteproyecto de ley en un plazo de seis meses.
El decreto precisa que las fábricas nacionales de fuegos artificiales deberán solicitar su permiso de acreditación, proveerse del registro sanitario correspondiente de acuerdo con las prácticas seguras de protección apegadas a la salud y a la seguridad ocupacional.
«Las secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, Salud Pública y Asistencia Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria y Comercio y la Policía Nacional quedan encargadas del cumplimiento del presente decreto», destaca el artículo cinco de la disposición del Poder Ejecutivo.
La medida destaca que los fuegos artificiales representan un peligro para la salud física, mental y social de la ciudadanía y en especial para los niños, niñas y adolescentes, y es una responsabilidad del gobierno preservar la integridad de todos los dominicanos.
Además sostiene que para esta disposición se tomó en cuenta el hecho de que en el país existen fábricas clandestinas que no reúnen los criterios de seguridad y salud ocupacional y que en ocasiones han generado accidentes fatales a los empleados y a los vecinos de las mismas.
