POR F. QUIROZ
El acuerdo entre el Estado y los promotores de la isla artificial frente al malecón de Santo Domingo tiene el propósito de atraer los recursos financieros que se necesitan para los estudios de factibilidad del proyecto, que pueden costar «muchos millones de dólares», dijo anoche el secretario de Medio Ambiente.

Max Puig declaró que los promotores de la obra necesitan convencer a un pool de bancos que preste dinero para ese tipo de operación.

Afirmó que el Estado dominicano no se compromete ni da su aval para que los responsables del proyecto obtengan financiamiento para los estudios de impacto ambiental.

Se trata, dijo, de un proyecto muy ambicioso, complejo y difícil de realizar, y que los estudios de factibilidad son de cierta envergadura por lo que habría que esperar algunos meses antes de que puedan presentarlos. El proyecto se estima que costaría US$450 millones.

El contrato de concesión se firmó el miércoles pasado entre el arquitecto Ricardo Bofill, principal diseñador, y el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez. Estuvo presente el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

El compromiso del acuerdo es comenzar la obra antes de tres años, dijo Puig, en el programa El Tribunal de la Tarde, por el canal 4.

Puig dijo que cuando vino al país por primera vez el arquitecto Bofill, diseñador de la obra, lo visitó en compañía de los principales promotores nacionales y con los representantes de las empresas extranjeras que participarían para enterarse de los requisitos de la ley dominicana.

Entiende han dado el primer paso para comprometerse ante el Estado dominicano de realizar la construcción en un plazo dado.

«El acuerdo de intención firmado es para mostrar que hay una voluntad del Estado dominicano para que las empresas promotoras puedan, a su vez, obtener los financiamientos para los estudios de factibilidad que cuestan muchos millones de dólares», precisó el funcionario gubernamental.

Citó que el estudio de impacto ambiental luego debe ser presentado, además de Medio Ambiente, a la Secretaría de Obras Públicas y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, instancias públicas que también deben otorgar permisos. Además, de que el contrato tiene que ser conocido por el Congreso Nacional.

EXTRACCIÓN MATERIALES

Los ingresos de Medio Ambiente por multas, cuotas y tarifas alcanza la misma suma que la institución recibe del Presupuesto Nacional, reveló Puig, aunque no especificó montos.

Hizo la declaración ante la pregunta de la constante extracción de materiales de los ríos.

Afirmó que están persiguiendo el delito ambiental, a una manera tal que nunca se habían tomado tantas acciones de carácter coercitivo contra los violadores.

Dijo que no quisieran aplicar multas, pero que como hay violaciones tienen que imponerlas.

Esas recaudaciones tienen que estar depositadas en la cuenta República Dominicana antes de las 48 horas.

Señaló que los infractores se quejan de que las multas son muy altas, pero entiende que hay que golpearles duro el bolsillo para que les duela.

Sostuvo que en los seis meses de este año han duplicado todo lo realizado en el año 2004.

PRESUPUESTO

Los fondos que reciben, indicó, son menores que los que requieren para poder dar cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indicó.

Esperan que por la mejoría económica del país, en el segundo semestre de este año puedan tener una mejor ejecución del presupuesto para poder satisfacer el gran anhelo de la sociedad dominicana de tener una ley de medio ambiente que se cumpla y que la secretaría de Medio Ambiente la haga cumplir.

No sólo se trata de cuánto tiene una secretaría de Estado asignado, dijo, sino de cuanto recibe en términos prácticos.