Un potente estallido que dejó decenas de personas heridas y con quemaduras, y destruyó varias viviendas y vehículos, se convierte en toque de alarma acerca de la forma que operan plantas de expendio de gas y equipos que usan ese combustible. La explosión ocurrió ayer en el sector La Esperanza, de Los Ríos, un vecindario muy cercano al establecimiento. Una fuga de gas y una chispa pusieron en evidencia las que parecen ser fallas de supervisión y de respeto de normas de seguridad en el negocio.
Se trata de la segunda ocurrencia de este tipo en apenas una semana, según testimonia, alarmado, el doctor Eddy Bruno, director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora. El primer percance ocurrió en un restaurante de la Plaza Andalucía II, donde cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, que aún permanece recluida en ese hospital. Ambos casos hacen pensar que algo está fallando.
En el país abundan las estaciones de expendio de gas y los centros de instalación de equipos para vehículos. Ambos negocios tienen depósitos de grandes cantidades de combustible. Es necesario que las autoridades se tomen en serio la inspección periódica de estos negocios, sus equipos de seguridad y la preparación del personal para enfrentar imprevistos. La de ayer fue una dolorosa campanada de alarma.

Otro  motivo de justa alarma

Las autoridades del Ministerio Público han sido muy parcas en torno a la desaparición de varias armas de fuego que estaban bajo su custodia y que forman parte del cuerpo de delito en un caso de narcotráfico y lavado de activos. Ni siquiera se han molestado para decir que callan para no entorpecer las investigaciones de este escándalo mayúsculo. El caso es como para alarmarse, porque parece poner en evidencia una insospechada permeabilidad en esta área neurálgica del aparato judicial.
La Procuraduría General de la República debería ofrecer al país su versión acerca de este suceso y el estado actual de las investigaciones al respecto. El silencio, la parquedad, no son actitudes aceptables para una sociedad que ve impávida cómo se burla la seguridad de sus instituciones más vinculadas a las garantías de ley.