La nueva visión de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) se orienta a un proceso de gestión que permita convertir a esa institución pública de servicios en una industria manejada por un cuerpo empresarial y actualizar el marco legal para recuperar centenas de millonarias propiedades inmobiliarias ocupadas por particulares, de las cuales no existe “un solo título de propiedad”.

El ingeniero Alberto Holguín, director del INAPA, refiere que “en el país nunca habíamos visto el criterio de empresa, de industria, que somos nosotros. Esa es la nueva visión que le estamos dando al INAPA. Somos una empresa de servicios y la construcción, la infraestructura, es un soporte para mejorar la cobertura, para mejorar el servicio, que es el fin nuestro, es decir, somos una empresa pública de servicios”.

El funcionario refirió que contrató una firma de abogados para recuperar “centenas de propiedades” inmobiliarias”, abandonadas y ocupadas por particulares, con el agravante de que en los archivos del INAPA no existen los títulos de propiedad.

“Siempre se decía que INAPA es una institución para construir obras, pero en realidad somos una empresa que garantiza los servicios de calidad a los ciudadanos. Nosotros construimos obras, hacemos infraestructuras, pero la función básica nuestra es el servicio”. El INAPA maneja 315 acueductos, el 82 por ciento del territorio nacional y el 46 por ciento de los ciudadanos que reciben agua potable”.

Además, la institución maneja 25 provincias y gran parte de una zona poblada de Santiago, pero en cuanto a la parte de Santiago el funcionario dice que “es más grande que cualquier provincia. Esa es la cobertura nuestra”.

Según Holguín, el INAPA ha construido obras millonarias, como el acueducto de la Línea Noroeste, con un costo de 260 millones de dólares, y el acueducto de Samaná, que costó 148 millones de dólares, pero esa obras involucran préstamos de millones de dólares y como país subdesarrollado los intereses son altos.

“Estos préstamos regularmente se multiplican cuando mínimo por un 50 ciento y en ocasiones por un cien por ciento. Hacemos estas grandes obras y como no tenemos el cuerpo empresarial para el manejo de esta industria, en poco tiempo esas obras se deterioran, lo que implica que nos retrasamos en la cobertura”.

No hay estadísticas. Holguín reconoce que INAPA no tiene datos estadísticos sobre la cantidad de agua que recibe un hogar, ni de cuántas horas y días a la semana una vivienda recibe el servicio, de modo que “esa continuidad no existe, no hay un dato estadístico en el país”.

Sin embargo, apunta que busca asesoría de organismos para hacer una consultoría que le permita obtener esa información.

“Esos son datos fundamentales, porque el compromiso como sociedad, como desarrollo social en el país, es lograr que cada hogar tenga agua potable las 24 horas del día, los 12 meses del año, con presión suficiente y, además, que puedas tomar agua de la llave”. En promedio, la inversión para llevar el servicio al hogar de una familia es de 3,000 a 5,000 dólares.

Los organismos internacionales miden la cobertura del agua y utilizan el término “acceso al agua”. Esto significa que si un hogar tiene agua a un kilómetro de distancia consideran que tiene agua. Entienden, además, que 20 litros al día son suficientes para suplir las necesidades de una persona.

Holguín comentó que si medimos la cobertura de agua con los criterios de organismos internacionales, el 98.7 por ciento de los hogares dominicanos tienen agua, pero eso es imposible, porque la cobertura es de un 77 por ciento.

“Lo ideal es que cada hogar tenga agua 24 horas al día, los siete días de la semana, los 12 meses del año, con presión suficiente y que el agua sea cien por ciento potable”.

Nuevo modelo. “En el INAPA nadie puede decidir de manera personal la inversión de los recursos. La toma de decisiones la hacemos a través de un consejo de administración de la ciudadanía activa de la población, de la dirigencia social.

“Estamos involucrando a la ciudadanía en la toma de decisiones de la institución. Si vamos a construir un acueducto en una comunidad de San Juan de la Maguana, por citar un ejemplo, son los ciudadanos de esa comunidad los que conocen sus prioridades, deben decidir lo que más le conviene, vigilar cómo se invierte el dinero”.

Apuntó que cuando construye un acueducto se invierten alrededor de 200,000 pesos por hogar para llevarle agua potable. En promedio, la inversión para llevarle el servicio a una familia es de 3,000 a 5,000 dólares. “Cuando el Gobierno decide invertir 200,000 pesos para llevar agua potable a un hogar en una comunidad, la gente debe cuidar esa inversión, convertirse en un ente activo para vigilar esa inversión que se hizo”.

Transformación

“Desde que asumimos el cargo hemos contratado instituciones nacionales e internacionales para transformar la institución. Aquí no había procedimiento administrativo, ni transparencia en el manejo de recursos, ni planificación, ni tecnología apropiada. Incluso, la estructura física de la institución mostraba signos de deterioro y descuido.

Contratamos a tres organizaciones de la sociedad civil para crear procedimientos; solicitamos a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas asesoría para transparentar las operaciones en las que se invierte dinero.

Ahora los frutos tecnológicos empiezan a rendir frutos pues cualquier contratista o suplidor puede chequear su procedimiento de pago por las redes. Tenemos un procedimiento administrativo impersonal. Eliminamos la relación suplidor-empleado para evitar las tentaciones.

El modelo que tenemos es similar al de un banco, haciendo públicas todas las informaciones, todo el proceso. Todo es de conocimiento público. Aquí no hay nada escondido. El procedimiento de pago no depende de la voluntad de una persona, o de la voluntad política, sino de un procedimiento institucional en el que participan varias personas”.