Un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal en República Dominicana debe proponer un límite en el endeudamiento del país como mecanismo de sostenibilidad financiera pública.

Así lo plantearon ayer el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales (Crees), y la diputada Guadalupe Valdez al participar en una mesa de discusión sobre el tema, que fue organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia  (Finjus).

 En el encuentro expusieron además, el economista Pavel Isa, el experto tributario Francisco Canahuate y el abogado Omar Victoria, quienes resaltaron la importancia de que el país tenga una Ley de Responsabilidad Fiscal. Mientras Miguel Collado, economista senior de la Crees, fue moderador.

 Para la diputada  Valdez, el proyecto de ley debe consignar que el tope de endeudamiento neto anual no podrá superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Expresó que en la pieza debe consignarse que el Banco Central no podrá otorgar créditos al gobierno central  ni directa ni indirectamente.

En el proyecto se planea, dijo, que el Gobierno Central no podrá tramitar créditos que no constituyan crédito público con bancos comerciales sin previa aprobación expresada mediante ley aprobada por el Congreso.

En tanto Selman dijo que el déficit fiscal en el presente y en el futuro implicará  incrementos del endeudamiento público, lo que pone presión a las finanzas.

Cree que en el país se habla de responsabilidad fiscal por múltiples razones y una de ellas es la discrecionalidad del gasto público, que abre  puertas a la corrupción administrativa.

Sostuvo que una Ley de Responsabilidad Fiscal podría ser el primer paso para ordenar las finanzas públicas y reducir los déficits fiscales, controlar y disminuir los niveles de endeudamiento.

De su lado,  Pavel Isa dijo que una Ley de Responsabilidad Fiscal  persigue que se conserve ciertos niveles de disciplina fiscal y abarca la composición del gasto público y la gestión financiera.

Expresó que la ley busca someter a los políticos y a los que toman decisiones a un régimen de consecuencias y de obligaciones.

“Por lo tanto, les reduce el margen de discrecionalidad a lo que ya la sociedad decidió en sus planes de desarrollo”, dijo.

Entiende que el nuevo marco legal debe empoderar  a la gente. En tanto, el abogado Vctoria dijo que la pieza no debe verse como una ley aislada.