POR  JUAN M. RAMIREZ
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso ayer cambios trascendentales a la Constitución, como la creación de un órgano que ejerza control sobre la Suprema Corte de Justicia, la alternabilidad en la presidencia del alto tribunal, la independencia del Ministerio Público y la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura.

En un documento de 28 páginas entregado a la Comisión Ejecutiva Para la Reforma a la Constitución, la FINJUS también propone que en la nueva Carta Magna se establezca el Poder Municipal y se incorpore la Asamblea Constituyente electa por voto popular, como procedimiento de reforma a la Constitución.

En cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, sugiere su recomposición con la integración del presidente del Colegio de Abogados y un decano o director de las escuelas o facultades de Derecho, elegido entre sus pares.

Propone redefinir las funciones de este Consejo para que tengan facultad de  elegir los miembros de la Suprema Corte y reemplazar  aquellos miembros del alto tribunal cuando alcancen la edad de retiro, el control de su desempeño, crear el Consejo General del Poder Judicial para que  ejerza control disciplinario sobre los magistrados de la Suprema Corte y la creación de un órgano de gobierno del Poder Judicial.  

FINJUS explica que sobre el  Consejo General del Poder Judicial  recaerían las funciones de gobierno del Poder Judicial y que su composición estaría compuesta por el presidente de la Suprema Corte, quien lo presidirá, un juez del mismo tribunal, dos jueces de cortes de apelación o su equivalente, dos jueces de primera instancia o su equivalente, un representante del Colegio de Abogados y un decano o director de las escuelas o facultades de Derecho de, elegido entre sus pares.

Aclara que el cargo de consejero será por un plazo de 3 años, sin posibilidad de reelección consecutiva y tendría como funciones la administración de la carrera judicial y la designación de todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial, con excepción de los miembros de la Suprema Corte.

Además, añade FINJUS,  tendría el control disciplinario sobre los jueces y funcionarios del Poder Judicial, la administración financiera y presupuestaria del mismo poder, la definición y ejecución de la política salarial de los funcionarios y empleados del mismo y la definición, función y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de los jueces y funcionarios del poder estatal.

En cuanto a la desconcentración de funciones, FINJUS dice que la Ley se encargará de la distribución de sus competencias y de crear los órganos internos del Consejo General del Poder Judicial.

También propone que, al menos,  las dos terceras partes de los jueces de la Suprema Corte deberán provenir del sistema de carrera judicial y una tercera parte de la matrícula quedaría para ser completada con juristas en ejercicio o del mundo académico, siempre sobre la base de un proceso de selección con criterios legalmente establecidos y por un período de doce años de duración en su función.

FINJUS también sugiere establecer en la Constitución que la función de presidente de la Suprema Corte se ejerza por un período de seis años.

De igual modo, que sea modificado el artículo 63 para incluir con carácter obligatorio que le sea asignado al Poder Judicial  un mínimo de 2.5% del Presupuesto de Gastos Públicos, asegurando su efectiva autonomía presupuestaria.

Aclara que en caso de necesidad manifiesta y justificada de que ese mínimo no pudiera ser cumplido,  se exige un voto favorable de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras legislativas.

DEFENSA PÚBLICA

La FINJUS propone “constitucionalizar” el Servicio Nacional de la Defensa Pública y establecerlo como un organismo con rango constitucional, asegurando su carrera y su autonomía administrativa y presupuestaria.

MINISTERIO PÚBLICO

Sugiere modificar la identidad constitucional del Ministerio Público, definir su misión institucional y eliminar la estructura refleja que del Poder Judicial tiene actualmente el Ministerio Público y asegurar constitucionalmente la carrera del Ministerio Público en los términos establecidos en la ley.

De igual modo, que el procurador general de la República sea elegido por el Senado de una terna que le someta el Poder Ejecutivo, con inamovilidad por cuatro años.

Además, incluir con carácter obligatorio que le sea asignado al Ministerio Público un mínimo del 2% del Presupuesto de Gastos Públicos, asegurando su efectiva autonomía presupuestaria.

Si en caso de necesidad manifiesta y justificada ese mínimo no pudiera ser cumplido, se exige un voto favorable de  las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras Legislativas.

Las propuestas de FINJUS fueron entregadas a monseñor Agripino Núñez Collado y a MarcosVillamán, de la Comisión Ejecutiva de la Reforma, por Mery Fernández, presidenta y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la misma institución, en un acto efectuado en la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMM).