POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El médico Raúl Alvarez Sturla propuso convertir las diez regiones en que se divide el país en seis regiones comunitarias autónomas y con autogestión administrativa, a fin de lograr mejor distribución de las riquezas, coherencia administrativa y desarrollo sostenido del Estado.

Explicó que para ello se tomarían en cuenta la extensión territorial, semejanzas agrícolas, climáticas, acceso marítimo y afinidades históricas, culturales y socioeconómicas.

Las seis regiones o comunidades quisqueyanas se llamarían Marién, Maguá, Higuey, Jaragua, Cayacoa y Bahoruco, las cuales estarían dotadas de gobiernos autónomos y de autogestión administrativa para que funcionen como grandes ayuntamientos regionales.

Marién estaría integrada por las provincias de Dajabón, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago, Puerto Plata y Espaillat; Maguá por La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná y Salcedo; Higüey por La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Cayacoa lo integrarían las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa; Bahoruco por Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, y Jaragua por Azua, San Juan y Elías Piña.

Alvarez Sturla informó que la próxima semana se reunirá con funcionarios de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), a quienes les expondrá con lujo de detalles su propuesta.

A su juicio, la verdadera descentralización consistiría que la ley municipal abarque el ámbito regional, para que las regiones puedan tener sus gobiernos, con autonomía política, fiscal y administrativa.

Cree que esos gobiernos, trabajando a tiempo completo, producirían una verdadera descentralización y coherencia institucional administrativa a las regiones, ordenando, reglamentando y ayudando a resolver las necesidades de los municipios y su población de manera más eficiente.

Señala que las juntas de gobiernos de las regiones comunitarias estarían integradas por un presidente, un consejo de gobierno, una cámara de regidores comunitarios y el tribunal de justicia competente o corte de apelación designada por la Suprema Corte de Justicia.

La misión de las juntas de gobiernos comunitarios, dijo, sería ordenar, reglamentar y resolver cuando fuese necesario o conveniente para proveer las necesidades de las regiones y sus municipios.

Explica que los recursos económicos provendrían de la ley 17-97, los cuales podrían llegar a los ayuntamientos a través de los gobiernos comunitarios si la intermediación de la Liga Municipal Dominicana se modifica.

Sin embargo, la mayoría de los recursos provendrían del poder creativo de los gobiernos comunitarios.

«Las ventajas de las comunidades, además de compartir las cuotas de poder de una manera racional, favorecerían la gobernabilidad y contribuirían a una mejor distribución de las riquezas», sostuvo.

Cree que la atomización municipal territorial necesita de una coherencia regional administrativa que cree un ordenamiento que provoque el desarrollo regional de sus pobladores.

Las regiones y sus comunidades deben tener gobiernos autónomos y de autogestión, apoyadas en la ley municipal con aplicación y jerarquía regional, dijo.

Según Alvarez Sturla, su propuesta ha tomado en cuenta la experiencia española y chilena.

Expresó que la creación de municipios, per se, no es mala,

siempre y cuando se establezca que esa demarcación debe tener 15,000 habitantes y el pueblito 3,000, y que debe haber una distancia de uno y otro de 10 kilómetros.

Consideró que su propuesta en viable, porque las seis regiones se pueden crear mediante un decreto y que la ley municipal tendría aplicación regional.

«La propuesta es viable, muy sencilla y de fácil aplicación. No produce conflictos ni con los partidos, ni con la Junta Central Electoral, ni con el gobierno central», dijo.

Consideró que la intermediación racional sería que el gobierno destine los recursos de la ley 17-97 a los gobiernos comunitarios, en lugar de la LMD.