El economista Héctor Guiliani Cury insto al Gobierno a sustituir los impuestos específicos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas por un impuesto ad-valorem. Sugirió que se establezca una tasa única de 30% para todas las bebidas alcohólicas y cigarrillos, sin distinción de graduación alcohólica.

En el caso de los cigarrillos, planteó que la decisión de sustituir los impuestos ad valorem por especifico se tomo para beneficiar las marcas de cigarrillos con altos precios en el mercado, que estaban perdiendo terreno frente a marcas de cigarrillos de menor calidad y precio.

Guiliani dijo que un impuesto ad valorem permitirá al gobierno recibir inmediatamente los beneficios de las alzas de precios de esos productos, en lugar de esperar meses para realizar los ajustes por inflación como se hace en el presente.

“La tasa para las bebidas alcohólicas, sean cervezas, rones, o whiskys, debe ser una tasa uniforme de 30 o 35%”, explicó.

Recordó que la propuesta de reforma del 1990 era de una tasa uniforme para todos los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos, pero que en ese entonces ciertos sectores lograron que se discriminara en contra de las bebidas importadas y entre el ron y la cerveza.

Igualmente, señaló que en el 1995, el presidente Balaguer envió una reforma al Congreso unificando las tasas a los seclectivos para los productos nacionales y extranjeros, pero que se mantuvo la discriminación entre el ron y las cervezas. También recordó que en la anterior administración se adoptó un sistema que favorecía las bebidas de menor grado alcohólico y los cigarrillos de alto valor, con la introducción de un sistema de impuestos específicos.

Consideró que el gobierno debe ahora rectificar esa situación y volver al antiguo sistema, que era superior en términos de su poder recaudatorio y no discriminaba por tipo de bebida alcohólica.

Guiliani propuso que el impuesto ad valorem se establezca en base al precio de venta al consumidor determinado en base a encuestas periódicas de precios que podrían ser realizadas por el Banco Central en el ámbito de sus trabajos de calculo del Indice de Precios al Consumidor.

“Este sistema existía en el Código Tributario aprobado en el 1992, pero nunca fue efectivamente implementado ya que las autoridades tributarias negociaron con los sectores afectados un método diferente de calculo”, afirmó.

Agregó que esta práctica iniciada en el 1992 fue continuada por las diferentes administraciones tributarias de los diferentes gobiernos, en clara violación a la ley de ese entonces.