Propone programa de subsidios agropecuarios antes de ir al TLC

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POR CLAUDIO CABRERA
El “Comité de Emergencia Agropecuaria” ha propuesto mediante un proyecto de ley dirigido al Congreso Nacional, que las autoridades dominicanas equilibren la posición de los agricultores mediante la aplicación de subsidios focalizados a diferentes productores del campo, a fin de que la producción rural no sucumba ante el embate del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Mediante el “Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Competitividad Agropecuaria”, dicho Comité procura que el Gobierno Dominicano arribe a conclusiones mediante un diálogo abierto con los productores, para que se logre asegurar la sostenibilidad de la producción para el mercado local y la competitividad para relanzar las exportaciones nacionales a nuevos mercados.

El examen que sirve de apoyo a la solicitud a los congresistas y autoridades mediante el referido proyecto, se apoya en “la asimetría existente entre el proceso productivo agrícola de los Estados Unidos de Norteamérica (EU) y el de la República Dominicana.

Sostiene que hay serias diferencias en varias áreas de la producción nacional respecto a la producción extranjera, “producto de sus niveles de desarrollo económico relativo”, lo cual determina que con la aprobación y aplicación del TL-EUCARD o DR-CAFTA, “el sector agropecuario y agroempresarial de la República Dominicana será impactado negativamente”.

Refiere en las motivaciones para el anteproyecto que los subsidios domésticos y otros mecanismos de ayuda o soporte del Estado a los productores agropecuarios, es una práctica actual intensa y generalizada en la economía norteamericana, así como en otras economías desarrolladas, como las de Europa, las cuales proveen a sus productores sustanciales ventajas competitivas artificiales que “pondrían en peligro la existencia del sector agropecuario nacional al combinarse sus efectos con los de la liberalización de los derechos aduanales aranceles prevista en el TLC-EUCARD/RD CAFTA”.

Señala en sus motivaciones que las naciones industrializadas otorgan a sus productores agropecuarios la suma de US$1,000 millones diarios para proteger renglones tales como arroz, azúcar refinada, leche, carne bovina, porcina, aves, huevo, papa, cebolla, ajo y otros productos.

Resalta el Comité de Emergencia Agropecuaria como una situación de extrema exposición negativa para el agro dominicano, la existencia desde el 8 de mayo del 2002 de la “Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural” de los EU.

Es mejor conocida como la “Farm Bill”, tiene una duración de hasta diez años por un monto de subsidios que alcanza los US$180,000 millones en ayudas económicas a sus productores agropecuarios.

Se aprecia en el contenido del texto que en los últimos 20 años de intercambio comercial con EU, se ha logrado mantener un comportamiento balanceado, “equilibrio que es el objetivo de cualquier tratado de libre comercio y debe ser preservado”.

SIN ARANCELES: HUELE A PELIGRO

El Comité de Emergencia Agropecuaria sostiene que en la versión del acuerdo DR-CAFTA que fue sometido al Senado dominicano, se obliga al país a desmontar los aranceles de protección establecidos en la Rectificación Técnica para proteger la producción agropecuaria dominicana del efecto “de los cuantiosos subsidios y/o ayudas domésticas que otorgan a sus productores y procesadores de las naciones desarrolladas”.

Significa que este acuerdo, sin embargo, no consigna “mecanismos de compensación idóneos y expeditos que permitan a la nación dominicana proteger a sus comunidades agropecuarias de la competencia desleal que representan estos subsidios”.

El documento expone la necesidad de que tomando en cuenta las deficiencias y desventajas del sector agropecuario dominicano, las autoridades se aboquen a su apuntalamiento mediante la adopción de subsidios que permitan “fomentar y proteger al sector agropecuario nacional, garantizándole condiciones de competencia justas, recíprocas y sostenibles”.

Como medios de exención impositivos el proyecto propone exonerar de todos los impuestos, comisiones, recargos, cargas o gravámenes a la importación de insumos, equipos, accesorios, maquinarias y otros bienes de capital útiles en la producción sectorial.

También, que sean exoneradas las materias primas para fabricar envases y material de empaque usados en la producción agropecuaria, incluyendo el arancel, el impuesto ITBIS, la Comisión Cambiaria, el selectivo al consumo y otros aplicables al sector.

Igualmente, insumos como combustibles, agroquímicos y otros renglones que incidan en la producción de este sector estimado vital para la seguridad alimentaria nacional de los dominicanos.

La pieza observa la necesidad de aplicar mejorías en la concesión del crédito sectorial agropecuario a través del Banco Agrícola y otras entidades intermediarias, así como otras provisiones para mejorar la liquidez del productor del campo.

Concibe la creación de una “Programa de Apoyo Directo al Productor Agropecuario”, mediante el cual será consignada y pagada en la Ley de Presupuesto y de Gastos Públicos del país cada rubro o cultivo igual a la ayuda en hectárea o tonelada métrica otorgada a favor de los productores agropeucarios por los Estados Unidos o por cualquier otra nación con que República Dominicana haya firmado acuerdos de libre comercio.

Sobre este programa plantea que beneficiará a los productores de arroz, leche, caña de azúcar, carne de pollo, huevo, carne de cerdo, carne de res, habichuelas, papa, ajo, cebolla “y cualquier otro cultivo en economías subsidiadas/o apoyadas por Estados Unidos que hayan firmado tratados de libre comercio con la República Dominicana”.

Especifica que los aportes directos al productor serán consignados anualmente en la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la Nación, a favor de los productores agropecuarios de cada rubro, según está consignado en dicho proyecto.

Puntualiza que dicho programa deberá a ser consignado en el Presupuesto del año 2007 y comenzará a desembolsarse en abril del 2007. Entre otras previsiones, se contempla la creación de un Reglamento para regular las importaciones de rubros que afecten al sector.

4to consumidor de pollos

Acorde al asesor de la Comisión Avícola y vocero del Comité de Emergencia Agropecuaria, doctor Enriquillo Rivas, el programa de “Seguridad Alimentaria y Competitividad Agropecuaria”, elaborado por el Comité de Emergencia, parte de la premisa que estima la necesidad de otorgar por tareas, por libras o por unidades, las mismas ayudas directas que reciben los productos comerciales que nos exportan agricultores y granjeros foráneos”.

“Aún así, localmente nos quedan pesadas desayudas de recargo, energía e intereses bancarios”, añade.

Expone que este proyecto guarda mucho parangón con el proyecto mejicano denominado “Procampo”, para proteger a los agricultores de ese país.

Refiere que el modelo dominico-mejicano, ya que el de la JAD fue asumido con iguales objetivos, “discrimina a dos tercios de los productores y proporcionaría una media de RD$1,347.43 mensuales a cada posible beneficiario.

Advierte que sólo en el sector avícola en el renglón de pollos, cubriría el 28% de los avicultores, a los que les otorgaría el equivalente a 5 centavos de dólar por libre producida o pies cuadrados de gallinero reportado.

Indica que el costo promedio por libra de pollo en Sudamérica es de 19 centavos de dólar. En Centroamérica es de 26 centavos, en los Estados Unidos de 21 centavos de dólar y en la República Dominicana es de 39 centavos de dólar.

Pero llama la atención de que la avicultura nacional sostiene 24,000 empleos directos y somos el cuarto consumidor del mundo per cápita anual. Sólo los israelitas, Australia y los Estados Unidos de América consumen más pollo que los dominicanos, per cápita anual.

“Este año -sostiene el doctor Rivas-, vamos promediando un consumo neto de 68 libras por dominicano, y en el PBI nacional, la agropecuaria es el 12%. De esa cifra, la producción de pollo representa el 2.5% el total producido en el país en el agro y en zonas francas apenas un 2.7%.

Refiere que entre otras cuestiones, se está discutiendo con las autoridades el problema de las compensaciones, en vista de que se prevé un sacrificio fiscal de unos RD$21,000 millones anuales.