POR UBALDO GUZMÁN MOLINA
Lo más importante en el sector eléctrico es contar con reglas claras y estables aunque no sean perfectas, consideró ayer superintendente de Electricidad y Combustibles de Chile, Sergio Espejo.

Expresó que suelen buscarse soluciones de laboratorio o económicamente óptimas pero muy difíciles de aplicar, pero que los mercados competitivos permiten no sólo asignar adecuadamente los recursos, sino proteger los derechos de los usuarios.

Indicó que si los usuarios tienen la posibilidad de obtener información adecuada sobre los servicios ofrecidos están en disposición a pagar.

El error más importante, dijo, que se ha cometido en Latinoamérica es que se cree que basta con crear más mercados y que no es necesario contar con un mejor Estado.

«Diría que más mercados, como definición, requiere de un mejor Estado capaz de asegurar que las reglas del juego se cumplan parejas para todos por igual, sin discriminaciones», agregó al en el almuerzo del Grupo de Comunicación Corripio.

Señaló que parte de sus responsabilidades son garantizar el imperio de la ley en el sector eléctrico en Chile. Cree que un usuario que conozca sus derechos está en mejor disposición de cumplir sus obligaciones.

Descartó que existan las varitas mágicas, ni los modelos que se puedan replicar en otros países.

La economía chilena, dijo, desde finales del decenio del 70, empezó un proceso de apertura con bastante sobresaltos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Expresó que originalmente se desarrolló un proceso importante de privatizaciones en sectores que previamente habían estado en manos del Estado.

Las reformas más importantes se produjeron durante el decenio del 80, luego de una crisis financiera de enormes dimensiones, debido a una muy mala regulación, dijo.

Indicó que en 1985 se inició un proceso de privatización de las principales empresas de servicio público y que originalmente se pensó sólo vender un porcentaje de ellas.

Expresó que cuando se instaló el primer gobierno democrático tras la dictadura, en 1990, se pudo constatar que la privatización fue total en el sector de telecomunicaciones y cerca de 30% en el sector eléctrico.

Dijo que previo a las privatizaciones se crearon marcos regulatorios que permitieran ordenar el desarrollo del sector eléctrico.

Eso implica, dijo, que quienes invirtieron sabían cuáles iban a ser las reglas del juego que se aplicarían hacia el futuro y la estabilidad de estas reglas han sido muy significativas.

La Ley Eléctrica chilena, indicó, data de 1982 y ha sido modificada en 1989 y el 2004. Esta última fue para aumentar el tamaño del mercado y resolver problemas de transmisión.

Expresó que durante los años 90 se siguió con la incorporación privada, contrariamente a lo trazado originalmente, sobre todo en infraestructuras, como concesiones viales y de puertos.

Señaló que actualmente están en concesiones obras carcelarias y se acerca un programa de concesiones de hospitales públicos en la construcción de infraestructura.

Indicó que se ejecutó un proceso de privatizaciones de las empresas de agua potable y el año pasado el 95% de esas compañías estaban en manos privadas.

A su juicio, el saldo neto de la privatización en Chile es positivo, pues se ha traducido en una gran cobertura de electrificación y tratamiento de agua servida.

Indicó que la electrificación rural es de 80% y se avanza en programas del Estado para aumentar la cobertura.

Dijo que Chile cuenta con más de tres millones y medio de líneas telefónicas fijas y más de siete millones de celulares en una nación de quince millones de habitantes.

Expresó que el sector generación ha visto disminuir sus costos de manera significativa, lo que se percibe en la factura eléctrica, que está formada por 50% de generación y 50% de valor de las redes de distribución.

En cambio, dijo que en el sector de distribución, las ganancias en productividad no se han traspasado en la misma proporción a los usuarios.

Indicó que en Chile no se adecuó con la velocidad requerida la institucionalidad pública a los desafíos de un mercado prácticamente privado y competitivo.

Señaló que el país contaba con buenos marcos regulatorios, que permitieron estimular inversiones, pero, al no contar con instituciones de supervisión adecuadamente establecidas, probablemente se ha perdido un tiempo significativo en asegurar que los usuarios hubieran protegidos sus derechos de manera adecuada.

Expresó que ese déficit ha venido siendo corregido en los últimos cinco o seis años, pero probablemente en un espacio en que todavía se tiene que hacer mucho.