POR ODALIS MEJÍA
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) demandó “una urgente solución” al problema de los inmigrantes haitianos e impedir las deportaciones masivas e indiscriminadas.

El SJRM reclamó que se respete el debido proceso, las normas, tratados y convenios internacionales en el caso de los ilegales haitianos.

El SJRM propuso además que se regule la contratación de mano de obra haitiana temporera necesaria para sectores de la economía sobre la base de cuotas anuales y la emisión de visas de trabajo, a través de oficinas especiales, ubicadas en los consulados dominicanos en Haití.

También que se defina el mecanismo para normalizar la situación de los haitianos ilegales. Estimó que se debe definir si esta situación se tratará a partir del censo de ilegales haitianos que anunció el gobierno que haría o de una nueva política migratoria. Entiende que esa política debe poner especial atención a aquellas personas que tienen muchos años residiendo en el país.

Además, sugirió que se limite el rol preponderante de los militares en la aplicación de las políticas migratorias, sin exceptuar su papel de garante de la seguridad  y orden en la frontera.

Pidió que se protejan “las comunidades haitianas” contra la violencia, así como a los dominicanos de ascendencia haitiana e investigar a profundidad los hechos ocurridos en algunas lugares donde afirma han ocurrido agresiones y crímenes motivados por lo que llama “el antihaitianismo”.

Planteó que debe establecer una política migratoria que contribuya a detener la entrada irregular de inmigrantes y que favorezca las relaciones con los extranjeros que viven de manera legal en el país, sin que el Estado renuncie al derecho de repatriar a quienes residen de manera irregular.

Pidió que se establezca el calendario oficial para una nueva reunión de la Comisión Mixta Binacional para sentar las bases de un acuerdo migratorio que sea adoptado lo más pronto posible.

El SJRM planteó que se modifique la Ley de Migración, específicamente en once artículos que consideran inconstitucionales y que en este sentido han sometido una demanda ante la Suprema Corte la que fue apoyada por otras quince organizaciones.

Sugirió que las modificaciones a la ley de Migración que proponen sean discutidas en el Congreso Nacional en vistas públicas.

También pide que la secretaría de Interior y Policía amplíe el plazo que dio para hacer sugerencias al recién publicado anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en cuanto al recurso de inconstitucionalidad.

Dijo que las autoridades deben respetar los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y el protocolo de entendimiento firmado con Haití en 1999 para la repatriación de los haitianos que están ilegalmente en territorio dominicano.

Demandó además que el gobierno acate la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH, de octubre de este año, en el caso de la negación de actas de nacimiento a dos niñas de padres haitianos.

Entiende que los trabajadores inmigrantes realizan un aporte significativo a las economías de los países receptores, por lo que debe prevalecer el equilibrio, la legalidad y la justicia en los flujos migratorios.