POR GERMAN MARTE
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) propuso ayer al presidente electo Leonel Fernández un compromiso ético para ejercer el poder, dirigido a fomentar una gestión pública moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno basado en la eficiencia y la austeridad.

Alfonso Abreu Collado, coordinador de PC, indicó que la crisis económica y el creciente deterioro de la vida del pueblo son de tal magnitud que exigen el compromiso de todos.

El vocero de PC dijo que la sociedad espera que la nueva gestión se caracterice por la transparencia y la no impunidad. Y apuntó que apoyará todo proceso judicial que esté amparado en pruebas fehacientes no importa quien sea el inculpado.

Empero, subrayó que la actuación de los próximos incumbentes del Ministerio Público será la primera señal que va a dar el gobierno de Fernández en relación con la sinceridad del discurso anticorrupción.

«Estamos convencidos de si el gobierno de Fernández empieza dando señales claras de pulcritud y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos, recibirá todo el apoyo que necesita de la ciudadanía», manifestó Abreu Collado.

Señaló que el compromiso ético debe estar fundamentado en la aplicación de una política racional en el gasto público, que abarque desde la depuración de la nómina hasta el control estricto de los gastos en materiales y servicios tales como combustibles, viáticos, celulares, publicidad y viajes.

También sugiere instruir administrativamente a todos los funcionarios para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras se hagan por concurso; suprimir los nombramientos en determinados consulados para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios que deberían ser depositados en la Tesorería Nacional.

Seleccionar un Ministerio Público comprometido con la lucha anticorrupción «pública o privada», lo suficientemente independiente y probo para no amedrentarse ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados.

El compromiso también contempla dar cumplimiento estricto a la ley 82 que obliga a los funcionarios públicos a hacer una declaración jurada de bienes, al inicio y al final de gestión.

Cesar la práctica de otorgar exenciones y facilidades arancelarias, velar por un eficaz funcionamiento de los mecanismos estatales de control y supervisión en la administración pública, particularmente en los sectores financieros y eléctricos.

Asimismo, propone un aumento general de salarios, previa depuración de la nómina pública. Y velar por el cumplimiento de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

«Como podrá observar, señor presidente, las líneas de acción de este compromiso ético no requieren la intervención de ningún otro poder del Estado para su ejecución. Dependen sólo de su propia voluntad política», manifestó Abreu Collado.