Por ALTAGRACIA ORTIZ G.
El Gobierno debería aprovechar la modificación a la ley 87-01 de Seguridad Social, para introducir cambios profundos en esa legislación, plantearon ayer el doctor Enriquillo Matos, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) y Rafael (Pepe) Abréu, vicepresidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
Ambos dirigentes consideraron positiva la modificación a la ley en la que se baja un punto porcentual al renglón de pensiones para transferirlo a salud, pero admiten que se le ha dado mucho poder a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y a su actual representante.
Ese es uno de los puntos que a juicio de Matos y Abréu se debería introducir en la modificación a la ley de Seguridad Social.
Dijeron que en este momento el poder de veto está en manos de los empresarios, quienes cuando les conviene trancan las reglas del juego.
Ese poder de veto solo debe corresponder al Estado dominicano, insistieron, pero aseguran que ese mandato debe estar consignado en la Ley 87-01.
Favorecieron la modificación del artículo 24 y se debe definir con claridad la participación de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Consideraron importante que se haga una modificación política en la ley de Seguridad Social. Para Matos y Abréu, la modificación conllevaría a que haya menos contradicciones. Insistieron en que el poder de veto solo lo tenga el Estado.
Matos y Abréu consideraron además como peligroso el que se otorgue tanto poder a un sector como la SISALRIL.
El presidente del CMD dijo que la discusión debe darse ahora en base a la viabilidad financiera del sistema. Esa es la función de la SISALRIL.
El Gobierno necesita la modificación porque es necesario hacer una inyección de recursos al aspecto salud y en ese sentido no hay mayores gastos para los empleadores.
Ha quedado claro quienes son los que quieren obstaculizar la puesta en marcha del Seguro Familiar de Salud, expresó Matos.
Ambos dirigentes estimaron que una vez más el sector empresarial quiere pescar en río revuelto, al señalar que con la modificación a la ley, se coloca una nueva carga impositiva.
De su lado, el vicepresidente del CNUS cuestionó que el Plan Básico de Salud sea manejado por la SISALRIL, pues se deja en manos de un funcionario que ha sido cuestionado.
Tampoco consideró correcto que a la Superintendencia de Pensiones se le quite una parte de lo que recibe en forma administrativa. Argumentó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades poderosas, por lo que no se puede poner en condiciones vulnerables al organismo que las regula.
Abréu indicó que son muy positivos algunos puntos de la modificación a la ley 87-01. Un ejemplo de esa modificación es la compra de certificados del Banco Central.