LIMA (AFP).- Una comisión del Congreso de Perú recomendó el martes cesar al presidente Alejandro Toledo, como una de tres alternativas para sancionarlo por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública en un caso de falsificación de firmas.

   La propuesta de cese de la gestión del gobernante la sustentó el presidente del grupo parlamentario, Edgar Villanueva, quien dijo que en lo personal considera viable que el plano del Congreso, que debe estudiar el caso, declare «la vacancia presidencial».

   Las otras alternativas propuestas por otros dos legisladores son la inhabilitación de Toledo por diez años para cualquier cargo público y la suspensión temporal en el cargo por un lapso que no fue definido.

   Las drásticas recomendaciones, adoptadas por mayoría, se sustentan en la presunción de que el jefe de Estado cuando era candidato presidencial en 1998 intervino en la falsificación de firmas que se atribuye a su partido para obtener su inscripción legal ante las autoridades electorales.

   «La participación del presidente Alejandro Toledo sería como coautor de delito de asociación ilícita para delinquir y sería además coautor mediato del delito contra la fe pública», expuso Villanueva.

   Toledo inició su gestión en 2001 y debe concluir su gobierno el 28 de julio del próximo año.

   La comisión determinó que se ha acreditado la existencia de «una organización criminal que se había dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de falsificación de datos» de parte del partido País Posible, anterior nombre de Perú Posible, el partido fundado por Toledo.

   «Cualquiera que sea la salida que adopte el Congreso tendrá que ser una salida constitucional», precisó Villanueva, tras entregar el voluminoso informe al presidente del Parlamento, Antero Flores-Araoz.

   El documento será debatido en el pleno del Congreso unicameral de 120 miembros que deberá aprobar o rechazar sus conclusiones y recomendaciones.

   Según la Constitución peruana, la vacancia presidencial puede ser declarada por «permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso».

   El jefe de Estado en ejercicio no puede ser acusado de delitos salvo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias y por impedir el funcionamiento de los organismos electorales.

   El informe fue aprobado por tres legisladores de oposición de un total de cinco integrantes de la comisión congresal.

   Marcial Ayaipoma, del gobernante partido Perú Posible, y Heriberto Benítez, del Frente Independiente Moralizador -partido aliado del gobierno- no lo suscribieron. Ellos restaron validez al informe señalando que se aprobó sin cumplirse el reglamento del Congreso.

   El informe final precisa también que Margarita Toledo, hermana del Jefe de Estado, es coautora del delito de asociación ilícita para delinquir. Ella fue señalada por varios testigos como la organizadora de una «fábrica» donde se hacía una masiva falsificación de firmas de adherentes.

   La propuesta de inhabilitación por diez años la planteó Xavier Barrón, de la alianza conservadora Unidad Nacional, mientras que el socialdemócrata Víctor Velarde se pronunció por la suspensión temporal del mandatario aunque no especificó plazos.

   La comisión también recomendó que se abra juicio político al primer ministro Carlos Ferrero; al ministro de Transportes, José Ortiz, y al ex ministro del Interior, Javier Reátegui, por infracciones a la Constitución relacionadas con el caso.

   Barrón dijo que los tres promovieron el irregular viaje al exterior de Carmen Burga, una de las principales testigos en el caso de falsificación de firmas.