POR EVARISTO RUBENS
La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) propuso que el Estado construya casas dentro de un plan social para el alquiler en diferentes ciudades.

El planteamiento lo hicieron directivos y otros miembros de esa entidad que participaron en el Encuentro Económico de Hoy, encabezados por su presidente José Rodríguez Cáceres, quien fue acompañado por Jaime González, Leonardo López, Ramón Elías Hidalgo y Bienvenido Paulino.

Rodríguez Cáceres explicó que en el «Proyecto de Ley de Viviendas, Asentamientos Humanos y Edificaciones», se planteó darle un ordenamiento a la creación de la Ley de Inquilinato.

Consideró que en ese ordenamiento debe haber un tratamiento adecuado a los inquilinos y a los inversionistas y propietarios de casas, para que los fondos de muchos recursos que se encuentran en bancos fuera del país y aquí, retornen a las viviendas como un ahorro. Dijo que en la República Dominicana hace muchos años que se dejó de ahorrar para la vivienda, como una inversión sana y que el fruto de aumentar la oferta de viviendas en alquiler repercutiría en mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Precisó que en el país hay una disgregación jurídica y legislativa en lo que respecta a la vivienda de alquiler, por lo que ACOPROVI plantea que sea la justicia que administre eficientemente los alquileres.

Indicó que los problemas de alquiler de casas deben ser ventilados en los juzgados de paz y que se establezcan plazos para que quienes no pagan los meses de casas, sean desalojados.

Rodríguez Cáceres manifestó que los fondos destinados a las casas deben ir a la banca de las viviendas.

Señaló que ACOPROVI está planteando que el contrato de alquiler que establece una fianza debe ir a una cuenta especializada de la banca, la que tiene dos propietarios: el inquilino y el dueño, condicionado por lo establecido en el contrato.

Agregó que no tiene ningún sentido que ese dinero esté depositado en el Banco Agrícola, que está para conducir los asuntos de la producción y que es el Estado el que debe suplirle los recursos.

De su lado, Hidalgo explicó que los conflictos sociales que generan el alquiler de viviendas son tan graves que la ley que se está planteando para hacer un desmonte del tiempo para que se vaya ajustando la sociedad a este concepto, cuando aumenta en los países que tienen buenas legislaciones de alquiler, el porcentaje de viviendas alquiladas se incrementa.

Dijo que Santo Domingo tiene una proporción de un 24% de viviendas alquiladas.

«Cuando la gente sabe que en el mercado puede encontrar una viviendas para vivir y sus ahorros llevarlos a una inversión, es bueno optar por una vivienda alquilada», sostuvo.

Citó el ejemplo del país Vasco, en España, donde añadió que el alquiler de viviendas es de un 70%, porque la casa es un instrumento de inversión en ese lugar.

Agregó que eso se logra con una regulación adecuada de la ley de alquileres.

De su lado, González manifestó que el proyecto de ley que propone ACOPROVI obliga al gobierno a invertir en viviendas de interés social un 20% en la construcción de casas.

Puso como ejemplo el caso de los médicos que tienen que ir a hace pasantía a diferentes puntos del país, maestros y otros profesionales que no encuentran donde alojarse solos o con sus familias.

Consideró que el Estado ha sido irresponsable en el manejo de las viviendas de alquiler, dejándoselo sólo al sector privado, ya que se trata de un problema social, por lo que el gobierno debe destinar el 20% de sus construcciones de proyectos habitacionales a casas de interés social. También consideró que hay que eliminar el control de precios de viviendas de alquileres y que el Estado dé facilidades financieras para bajar el alquiler de casas, cuando este servicio sube de costo.